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México: entre la tortura y el [in]debido proceso

Yo temblando comenzaba a llorar y a llorar […]
[H]incado y esposado, me hicieron escarbar una pocita,
y me decían “escarba tu tumba” y yo dije “diosito si es tu voluntad llévame aquí”
[C]omencé a escarbar e hice una pocita como de medio metro,
Y me golpeaban y daban patadas […][1]

Que los policías ordenen a la persona detenida a cavar su propia tumba es uno de los muchos métodos de tortura utilizados en el contexto de nuestro sistema penal.  En este caso, la persona no fue ejecutada, pero en muchos otros casos las personas no sólo son ejecutadas, sino que antes son torturadas psicológicamente, arrojándolas a la fosa que cavaron y dejándolas ahí varios días.[2]

La tortura y los malos tratos persisten en el sistema de justicia penal en México. En todas las entidades federativas. Es perpetrada por autoridades federales y locales. Hoy, 23 años después de que las Naciones Unidas eligieran el día 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, seguimos reflexionando sobre cómo erradicar estas prácticas ilegales.

Prevenir la tortura y los malos tratos requiere detectar las circunstancias en las que ocurre, los espacios de arbitrariedad que típicamente le dan lugar, así como el alcance de sus consecuencias. En Word Justice Project, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, diseñamos una metodología para medir la prevalencia de tortura o malos tratos en el proceso penal en México.

Hasta antes de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI, las fuentes de información para cuantificar la tortura habían sido el número de reportes a autoridades, el número de investigaciones, el número de procesos y el número de sentencias. En contraste con estas fuentes que suelen sub-reportar el fenómeno de tortura, de acuerdo con nuestro análisis basado en la ENPOL, durante el periodo de 2006 a 2016, a nivel nacional, el 79% de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público.

Uno de los hallazgos más importantes de este análisis es la relación entre otras violaciones al debido proceso y la magnitud de la tortura o malos tratos en el contexto del proceso penal. El incumplimiento de reglas a debido proceso está asociado a una mayor frecuencia de tortura. Por ejemplo: cuando a la persona detenida no se le permite contactar a un familiar, la frecuencia de tortura aumenta en 16 puntos porcentuales. Si la persona no se contacta con un abogado, la frecuencia de tortura aumenta 21 puntos porcentuales.

Esto es especialmente relevante ya que nos permite conocer qué tanto se apegan las autoridades a las provisiones de debido proceso establecidas en la Constitución y las leyes y, sobre todo, qué tanto las normas penales disuaden a las autoridades para no cometer actos de tortura. Las normas y reglas sobre cómo deben comportarse las autoridades definen las condiciones en las que ocurre la interacción con los ciudadanos. Si dichas reglan establecen con claridad los parámetros a seguir y su cumplimiento es debidamente observado, entonces la tortura y los malos tratos se pueden prevenir.

Si te interesa conocer cuáles son los contextos y condiciones en que se perpetran la tortura y los malos tratos en México, qué actores institucionales del sistema de justicia penal están involucrados  y qué características comparten las víctimas de estas prácticas ilegales, descarga nuestro reporte consultando los enlaces al final de este artículo.

[1] Testimonio tomado del reporte de WJP Cuánta tortura. Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano 2006-2016.

[2] Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La lucha contra latortura en el orden internacional”. 2017. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/la-lucha-contra-la-tortura-en-el-orden-internacional

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