Una mesa redonda virtual patrocinada por World Justice Project y el Mexico Institute del Wilson Center
El 23 de septiembre de 2020, World Justice Project y el Mexico Institute del Wilson Center convocaron en conjunto una mesa redonda virtual a fin de hablar de problemas interrelacionados que surgen de la impunidad y la inseguridad en México, así como del papel del cuerpo policial municipal en su forma de obstáculo y a la vez agente de cambio.
De acuerdo con normas de no atribución, las llamadas Chatham House Rules, el equipo de World Justice Project Mexico preparó el presente informe para apuntar a algunos de los principales temas, experiencias prácticas y propuestas para reformas que surgieron de la reunión.
Identificación del problema
Hoy en día México enfrenta coyunturas notablemente difíciles respecto al delito y la seguridad cuyos efectos y causas se ven a lo largo de su frontera norte. Durante más de una década, Estados Unidos ha apoyado metas de seguridad mexicanas a través del Plan Mérida (Mérida Initiative), mismo que incluye asistencia técnica para fortalecer el sistema judicial penal. Más recientemente, tal asistencia se ha aplicado cada vez más a combatir delincuencia organizada e inseguridad fronteriza. No obstante, ambas la inseguridad y la impunidad siguen a un nivel desenfrenado; les toca a los dos países repensar la agenda de cooperación bilateral, comenzando con una profesionalización del cuerpo policial al nivel local tanto como federal.
Datos surgidos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad en Cárceles Mexicanos (ENPOL) revelan que algunos aspectos del sistema judicial penal —en particular, la transparencia y rendición de cuentas durante la fase del enjuiciamiento— mejoraron después de la adopción, en 2008, de reformas respecto a la justicia penal. Sin embargo, la misma encuesta mostró evidencia de la persistencia de graves problemas ante lo que se trata de capacidades y debido proceso por parte del cuerpo policial en el momento de arrestar, detener en investigar a sospechosos. Varias investigaciones y entrevistas extensas realizadas por World Justice Project con expertos y operadores en justicia penal muestran que la mayoría de policías municipales no cuenta ni con la autoridad ni la capacidad de responder a o investigar denuncias criminales. Es más, por lo general, al ciudadano se le obliga pasar horas en el Ministerio Público (MP) local para presentar una denuncia criminal.
Mientras los fiscales locales cuentan con el monopolio virtual de las actividades de investigación —mismas que por lo general realiza la policía local en otros países— a la vez, el fiscal mexicano carece de recursos e incentivos para eficazmente llevarlas a cabo. El resultado es una desconfianza pública extrema acerca de la aplicación de la ley, la falta de una denuncia correspondiente a la mayor parte de delitos y la ausencia de una investigación de los pocos delitos que se registran. Una desbordante impunidad ha llevado a muchos tomadores de decisiones así como ciudadanos ver al cuerpo policial local en términos de una “causa perdida”. Sin embargo, existen evidencias disponibles que comprueban que sí es posible la reforma y que el cuerpo policial local sí puede combatir el delito de manera eficaz y responsable. Para efectuar un cambio tal, los gobiernos federal y locales deberán invertir en exhaustivos esfuerzos de reforma policial que generalizan capacidades investigativas y la debida capacitación de policías para cuando éstos interactúan con ciudadanos y víctimas.
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