Por Mario Rodríguez Vigueras
A pesar de contar con un marco legal que en papel protege al medio ambiente, en México existe una brecha entre las leyes ambientales y la práctica. De hecho, según los resultados del Índice de Estado de Derecho en México, la regulación medioambiental es la que se aplica de forma menos efectiva en los estados del país.
Un ecosistema sano es un pilar de la sociedad y el soporte de la economía, y sin este, no podríamos sobrevivir. México enfrenta desafíos como el cambio climático, la contaminación del agua y el aire, y la pérdida de biodiversidad, que amenazan su desarrollo, la salud pública de sus habitantes y la vitalidad de sus ecosistemas. Para hacer frente a estas amenazas, México es uno de los 150 países que han adoptado el derecho a un medio ambiente sano en su Constitución, pero esto no se ha traducido en medidas que aseguren su protección efectiva.
El medio ambiente y el Estado de Derecho
Los desafíos en materia medioambiental en México se agravan dada la debilidad del Estado de Derecho en el país. El Estado de Derecho es reconocido como un elemento fundamental para la protección del medio ambiente en el mundo. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, adoptó el concepto de Estado de Derecho Ambiental durante su primera sesión en 2013, al reconocer que las violaciones a las leyes medioambientales tienen el potencial de socavar al desarrollo sostenible y los objetivos de cada país en la materia. Además, el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, titulado Paz, Justicia e Instituciones sólidas, tiene dentro de sus metas el fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, este objetivo se considera como una condición necesaria para el cumplimiento del resto de los objetivos, incluidos los dedicados al medio ambiente.
Para el World Justice Project (WJP) el Estado de Derecho se basa en cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver controversias. El Estado de Derecho Ambiental aplica estos principios al contexto ambiental, haciendo que todas las entidades sean igualmente responsables de respetar las leyes ambientales; desarrollen leyes y regulaciones ambientales de calidad y que protejan los derechos fundamentales; incluyan a las comunidades afectadas en la toma de decisiones en materia ambiental; y juzguen objetivamente las controversias de esta índole.
Una forma en la que los gobiernos aplican la legislación y normativa medioambiental es a través de la regulación. Esta se compone de “reglas que emite el Estado y, a través de ellas, se protegen aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos que son de interés público.” La regulación medioambiental se refiere a la imposición de límites o responsabilidades a individuos, empresas y otras entidades, en este caso con el propósito de prevenir daños ambientales o rescatar ecosistemas que han sido dañados. Esta regulación también establece las reglas del juego de actividades productivas y de la gestión de recursos naturales.
El cumplimiento regulatorio es una de las ocho dimensiones que conforman el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. Estas dimensiones, o factores, se dividen en 42 sub-factores, que a su vez son construidos con 600 variables, las cuales provienen de cuestionarios aplicados a más de 25,000 ciudadanos en todo el país y a más de 2,600 expertos en justicia y salud pública, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas sobre temas relacionados con el Estado de Derecho.
Los resultados del Índice muestran una débil aplicación de normas y regulaciones en todas las entidades del país. Específicamente, los datos del Factor 6: Cumplimiento regulatorio, muestran que las entidades en los primeros lugares son Querétaro (0.45), Guanajuato, Baja California (0.43) Campeche (0.43) y Aguascalientes (0.41), mientras que Tabasco (0.31), Chiapas, Ciudad de México (0.32), Sonora (0.32) y Morelos (0.33) se encuentran al final de la clasificación.[1] Aún más, uno de los cinco indicadores que conforman esta dimensión del Estado de Derecho[2] muestra el desempeño de los estados del país en la aplicación de diferentes tipos de regulación.
La regulación medioambiental, la más débil en México
Este indicador es el sub-factor 6.1, que mide si, en la práctica, las empresas cumplen con la normatividad y si las autoridades las investigan y sancionan cuando incumplen con dicha normatividad. Esta cifra se compone de evaluaciones en el cumplimiento de las regulaciones en materia laboral, ambiental, comercial y de salud pública.
Los resultados muestran desafíos en todas las formas de regulación incluidas en el Índice, pero se debe prestar especial atención en la medioambiental, ya que en 22 estados del país es la que se aplica de manera menos efectiva, mientras que en los 10 restantes es la segunda menos efectiva, solo detrás de la regulación en materia laboral. Específicamente, ningún estado del país logra sobrepasar una calificación de 0.4 en una escala de 0 a 1, donde 1 significa un mayor cumplimiento regulatorio en materia medioambiental. En este aspecto, Querétaro (0.37), Colima (0.34), Baja California Sur (0.33), Coahuila (0.33) y Quintana Roo (0.32) registran los puntajes más altos. Por otro lado, Tabasco (0.17), Michoacán (0.17), Guanajuato (0.17), Sinaloa (0.18) y Morelos (0.19) se encuentran al final de la clasificación.
La dimensión económica
Una de las razones por las cuales las autoridades no implementan políticas medioambientales es la percepción de que las políticas ambientales estrictas pueden limitar la competitividad y el crecimiento, además de la fuga de actividades productivas a lugares con regulaciones medioambientales más laxas.
Sin embargo, esto ha quedado rebasado. Un medio ambiente deteriorado tiene costos económicos cuantificables e impactos observables en las sociedades. Sin políticas de regulación medioambiental adecuadas, los costos pueden tener efectos tangibles en el crecimiento económico, por ejemplo, a través de la reducción de la productividad laboral por los impactos de la contaminación en la salud de la población. Aún más, los países que han aplicado políticas ambientales estrictas no han visto afectada su productividad, según un estudio de la OCDE.[3]
Asimismo, se ha observado que la aplicación efectiva de la regulación medioambiental puede fomentar la innovación, el crecimiento económico, atraer inversiones y aumentar la productividad. Un claro ejemplo es California en Estados Unidos, el estado más rico del país y que ha liderado la protección medioambiental, restringiendo la actividad petrolera, promoviendo la eficiencia energética y frenando las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo es la industria de turismo sustentable de Costa Rica, que atrae a casi dos terceras partes de los turistas que visitan al país, quienes dejan una derrama económica muy importante para el país centroamericano.
A diferencia de la regulación medioambiental, la comercial es reconocida como una de las herramientas que tienen los gobiernos para atraer inversión nacional e internacional y fomentar el crecimiento económico. Esto puede estar detrás de la brecha entre la aplicación de la regulación ambiental y la comercial en todos los estados del país. Existen incentivos para cerrar esta brecha, ya que las políticas ambientales pueden complementar al comercio, gracias a la creciente demanda internacional por productos ecológicos, lo que ayuda a reducir la contaminación y estimular el crecimiento a nivel nacional e internacional.[4]
Fortalecer el Estado de Derecho para cuidar al medio ambiente
Estos datos muestran que un Estado de Derecho débil tiene consecuencias no solo en las personas sino también en su entorno. Del fortalecimiento del Estado de Derecho en el país depende la rendición de cuentas de nuestros representantes sobre sus decisiones en política ambiental, y que las leyes y regulaciones protejan los derechos humanos de las comunidades del país.
Si deseas conocer más información sobre el Estado de Derecho medioambiental, puedes revisar el reporte Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe, que incluye evaluaciones de la política ambiental de diez países de la región (no incluye a México). Además, los resultados completos del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 están nuestro sitio web.
[1] Los puntajes están en una escala que va de 0 a 1, donde 1 indica mayor adhesión a esta dimensión del Estado de Derecho.
[2] Los sub-factores que forman parte del Factor 6, cumplimiento regulatorio, son: 6.1, la normatividad y las regulaciones gubernamentales se cumplen de manera efectiva; 6.2, ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales; 6.3, resolución efectiva y eficiente de los procesos administrativos; 6.4, el debido proceso se garantiza efectivamente en los procesos administrativos; y 6.5, el gobierno estatal no expropia ilegalmente y sin otorgar una compensación adecuada.
[3] Ibíd.
[4]Vogel, David, How Environmental Policies can Promote Economic Growth.
