En conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el World Justice Project y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), elaboramos la primera Métrica de Justicia Abierta en México que permitirá conocer el grado de apertura de las múltiples instituciones que componen el ecosistema de justicia en México, es decir, aquellas que procuran, administran e imparten justicia, así como las que protegen y promueven los derechos humanos.
Analizar la apertura de las instituciones implica medir si las personas podemos conocer su funcionamiento, participar con ellas, incidir en sus decisiones, así como prevenir y denunciar posibles excesos o ilegalidades. Un antecedente relevante es la Métrica de Gobierno Abierto la cual sirvió de punto de partida para analizar a más de 200 instituciones del ecosistema de justicia de las 32 entidades federativas y de la Federación, a través de las dimensiones de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas desagregadas en 42 variables.
Entendemos a la Justicia Abierta como un modelo de justicia en el que los servicios responden directa y efectivamente a las necesidades ciudadanas y, a su vez, las instituciones generan espacios de interlocución con la ciudadanía para informar, escuchar y retroalimentar sus decisiones. Adoptar un modelo de justicia abierta implica colocar a las personas en el centro de la actuación cotidiana de las instituciones del ecosistema de justicia.
La Justicia Abierta tiene tres premisas: es responsabilidad de todas las instituciones del ecosistema de justicia (y no solo de los tribunales) promover, garantizar y defender los derechos humanos. Las personas están al centro a través de la co-creación e incidencia ciudadana en las decisiones públicas y es disruptiva porque rompe estructuras piramidales de las instituciones que son tradicionalmente jerárquicas y herméticas.
Por lo tanto, desarrollamos esta métrica oficial de manera colaborativa para proveer una línea base que sirva de guía para incorporar la perspectiva de centralidad de las personas a la actuación de las instituciones de justicia, bajo una lógica de apertura y rendición de cuentas.
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