Los problemas con posibles consecuencias legales son un asunto cotidiano en México. Los datos del módulo de justicia cotidiana de la Encuesta a Población General del World Justice Project (WJP) muestran que los problemas de justicia cotidiana son comunes, ya que la mitad de los mexicanos los han experimentado en los últimos dos años. Además, que las personas tienen diferentes maneras de resolverlos, según su contexto y el tipo de conflicto, y frecuentemente no acuden a mecanismos formales como juzgados o tribunales para hacerlo.
Estos problemas de justicia cotidiana van desde conflictos para obtener el reembolso de una mercancía hasta el desalojo de una propiedad.[1] También, se evidencia que muchos mexicanos no requieren la asistencia de abogados para resolver sus disputas, ya que prefieren buscar ayuda de un conocido o resolver el asunto directamente con el otro afectado. Solo 30% del total de mexicanos con un problema buscó asesoría o representación legal. Asimismo, estos problemas surten un impacto profundo en las vidas de quienes los sufren, especialmente en su salud y estabilidad financiera. El 40% de los encuestados reportó al menos una consecuencia negativa que derivó del problema.
Además de tener una dimensión legal, los problemas de justicia cotidiana impactan profundamente aspectos como la salud de las personas, su estabilidad social y su capacidad para participar en la economía. Por ello, una mejor comprensión de las necesidades legales de los ciudadanos y sus experiencias relacionadas con el acceso a la justicia proporciona conocimientos fundamentales para el diseño de políticas que fomenten el desarrollo económico y el crecimiento incluyente.
De hecho, cada vez se reconoce más la importancia del acceso a la justicia para el desarrollo económico y social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostiene que «la incapacidad para resolverproblemas legales reduce el acceso a oportunidades económicas, refuerza la trampa de la pobreza y debilita el potencial humano y el crecimiento incluyente».[2]
Este enfoque también ha sido respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que la Meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) compromete a los estados miembros a «promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos».[3] Sin embargo, aún hay trabajo por hacer, según demuestra un estudio del WJP para estimar la cantidad de personas en el mundo que tienen al menos una necesidad de justicia insatisfecha, es decir, la «brecha de justicia» global. Aproximadamente 1,400 millones de personas tienen necesidades de justicia civil o administrativa sin resolver.
Para conocer los problemas de justicia cotidiana a los que se enfrentan los mexicanos, el WJP incluyó un módulo sobre el tema en la Encuesta a Población General (GPP, por sus siglas en inglés) que se aplicó en persona a más de 25,000 personas mayores de 18 años en México, entre mayo y julio de 2019, 800 personas en cada una de las 32 entidades del país.
Este módulo está orientado a conocer las necesidades legales de las personas y está inspirado en lo que se conoce en la literatura académica como «caminos de la justicia» (paths to justice). También, toma como base el cuestionario utilizado para el proyecto global del WJP sobre acceso a la justicia, el primer estudio en producir información comparable entre países, el cual es producto de un proyecto piloto y de investigación de dos años, además de un proceso consultivo con gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de 17 países. Los resultados de este estudio pueden ser consultados en el sitio global del WJP.[4]
Las encuestas sobre necesidades legales muestran las perspectivas y las experiencias de quienes padecen algún problema de justicia cotidiana, además que proporcionan un panorama multidimensional sobre el acceso a la justicia y van más allá de los datos administrativos de los gobiernos, los cuales son utilizados tradicionalmente para diseñar políticas públicas en la materia. Este enfoque es fundamental, ya que los resultados muestran que la mayoría de quienes sufren un problema no involucran al sistema judicial formal, ya que prefieren buscar ayuda de un conocido o resolver el asunto directamente con el otro afectado. Por ende, este tipo de investigaciones son una herramienta útil para que los responsables de la toma de decisiones encuentren las relaciones entre los problemas legales y las políticas de desarrollo social.
En México, el sistema de justicia civil tiene retos que han sido destacados en estudios académicos y nuestros datos reafirman estos hallazgos. En su informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) concluyó que en nuestro país, el sistema de justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren atención urgente: “los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social; se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.”[5]
A continuación, se presenta la ruta de los mexicanos para enfrentar sus problemas de justicia cotidiana a nivel nacional, además de las cuatro categorías con algunos de los problemas más comunes: familiar, consumidor, trabajo y rentas.
Estos datos pueden servir como referencia para evaluar el sistema de justicia de nuestro país y fomentar el diseño de políticas públicas enfocadas a garantizar que las personas puedan resolver sus conflictos de manera pacífica, lo que a su vez fortalecerá el Estado de Derecho en México.
Con el objetivo de ilustrar los problemas cotidianos de justicia de los mexicanos, el WJP colaboró con Animal Político en una serie de artículos y materiales audiovisuales que exponen el camino que las personas recorren para resolverlos.
Esperamos que este proyecto sirva para reafirmar la importancia del fortalecimiento institucional en México para garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, con especial énfasis en los grupos tradicionalmente marginados.
Para conocer los resultados completos del módulo de justicia cotidiana de la Encuesta a Población General, por cortes demográficos y por tipos de problemas, además del cuestionario, descarga los archivos que se pueden encontrar al final de la página.
[1] La encuesta distingue entre 38 tipos de disputas, las cuales están agrupadas en 12 categorías: consumidor y servicios; rentas; propiedades; comunitario; programas; escolar; familiar; trabajo; deudas y dinero; lesiones; policía; y, trámites. Consultar el archivo de Excel para conocer los resultados completos.
[2] “Towards Inclusive Growth – Access to Justice: Supporting people-focused justice services.” Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), 2016. Traducción propia.
[3] Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
[4] México fue incluido en el estudio global, que incluye información sobre las tres ciudades más pobladas de cada país. Los datos presentados en este sitio van más allá al incluir las respuestas de más de 25,000 habitantes de las 32 entidades del país, además que contempla áreas urbanas y rurales.
[5] “Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana” Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, 2015.
Fe de erratas:
El World Justice Project actualizó, para obtener mayor precisión, el factor de expansión utilizado en la producción de las tablas de Acceso a la Justicia en México 2019 para ajustarse a la población adulta del país, causando cambios menores en los porcentajes en las tablas descriptivas publicadas anteriormente. Estos cambios afectaron las cifras de los análisis por tipo de problemas y por nivel socioeconómico, edad y nivel educativo. Asimismo, se corrigió un error de procesamiento en los cálculos del indicador “¿Usted obtuvo asesoría, o pidió ser representado por una persona u organización para entender o solucionar este problema? (%No)” y en consecuencia en los indicadores sobre las razones por las que las personas no buscaron ayuda para resolver un problema. Estas modificaciones no afectan la interpretación de los datos. Estos ajustes se publicaron con fecha 15 de mayo de 2020.
