Las situaciones cotidianas de corrupción, impunidad e inseguridad manifiestan los desafíos persistentes para el Estado de Derecho en México. Aun así, existen indicadores que nos muestran que existe un camino para el fortalecimiento institucional en el país. En específico, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 muestran que, en la mayoría de los estados, los contrapesos a los poderes ejecutivos estatales mejoraron sus evaluaciones, con respecto a la versión anterior de este ejercicio.
"26 estados mejoraron su puntuación, nueve de estos con cambios estadísticamente significativos."
El Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,600 expertos en todo el país y de datos fiables de fuentes terciarias.[1] De las ocho dimensiones del Estado de Derecho que son incluidas en el Índice, la que mide si los contrapesos limitan el accionar de las autoridades del poder ejecutivo estatal en la práctica, fue la que mostró mayores avances en la mayoría de los estados del país, ya que 26 estados mejoraron su puntuación, nueve de estos con cambios estadísticamente significativos. Las entidades con puntajes más altos en este aspecto son Nuevo León (0.50, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho), Baja California (0.48) y Colima (0.47).
Los contrapesos, o límites al ejercicio del poder gubernamental, son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho, ya que previenen el abuso del poder, y sancionan a nuestros gobernantes cuando quebrantan la ley. También, fomentan la rendición de cuentas de nuestros representantes, es decir, que cumplan con la obligación de dar información sobre sus decisiones y las justifiquen públicamente. Esta supervisión favorece la eficiencia de los servicios públicos e incrementa la confianza en el gobierno, además que promueve la atención de las necesidades de los ciudadanos.
Estos contrapesos pueden ser visibles de diversas maneras, como las investigaciones periodísticas que revelan casos de corrupción, las sanciones impuestas por un juez a un gobernador cuando no respeta la constitución o las manifestaciones ciudadanas, por ejemplo.
La sociedad civil y la prensa, los contrapesos mejor evaluados en el país
La dimensión que mide la efectividad de los contrapesos se divide en seis indicadores o sub-factores, que miden las perspectivas de los ciudadanos acerca de la efectividad de diversos tipos de contrapesos: los institucionales, como los poderes legislativo y judicial, o los organismos de fiscalización y control; y los no gubernamentales, como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Al igual que en la edición de 2018 del Índice, los resultados de la edición 2019-2020 muestran que los contrapesos mejor evaluados en el país son los no gubernamentales. El sub-factor 1.5, dedicado a este tipo de contrapesos, tiene mejores puntuaciones que los otros cinco indicadores que conforman a este factor en la mayoría de los estados. Las entidades con mejores evaluaciones en este aspecto son Yucatán (0.63), Nuevo León (0.62) y Colima (0.61). Los tres estados tienen puntajes altos en los contrapesos evaluados en este factor: los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de información, estos últimos con las mejores evaluaciones de todos.
Esto significa que, a pesar de los retos persistentes en el país como la intimidación de activistas y los ataques a la libertad de prensa en estados con más inseguridad, estos contrapesos participan activamente en la política, además que se manifiestan en contra de las acciones del gobierno cuando no están de acuerdo con ellas.
Por otro lado, los contrapesos institucionales están relacionados con la separación de poderes, la cual está consagrada en el artículo 49 de la Constitución y es parte de la estructura limitante del poder para impedir su abuso y garantizar la libertad individual. Esto implica la asignación de determinadas competencias a distintos órganos y la distribución de tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia. (Villanueva Gómez, 2014)
"El contrapeso institucional mejor evaluado es el poder judicial."
Al igual que en la edición anterior del Índice, el contrapeso institucional mejor evaluado es el poder judicial, ya que el sub-factor 1.2, que evalúa la efectividad de este poder como contrapeso, tiene puntuaciones más altas que el resto de los contrapesos institucionales en la mayoría de los estados. Los estados con mejores evaluaciones en este sub-factor, son Zacatecas (0.60), Sinaloa (0.56) y Guanajuato (0.56), gracias a que los expertos que respondieron los cuestionarios del World Justice Project consideraron que es más probable que los jueces de la entidad decidan los casos de forma independiente y sin ceder a presiones indebidas, que en otros estados del país.
El fortalecimiento de los contrapesos en el país
Como se había mencionado anteriormente, uno de los cambios más positivos en la edición más reciente del Índice fue que el indicador que mide la efectividad de los contrapesos aumentó en 26 estados del país (nueve de ellos estadísticamente significativos).
La mejora en las evaluaciones de este aspecto del Estado de Derecho fue ocasionado principalmente por incrementos en los puntajes en los indicadores que evalúan la efectividad de los congresos locales como contrapesos (sub-factor 1.1) y la libertad y transparencia en los procesos electorales (sub-factor 1.6).
La alternancia en los congresos locales
El sub-factor 1.1, que mide la capacidad del poder legislativo local para ejercer contrapesos efectivos y supervisar la actuación del gobierno estatal en la práctica y si los legisladores de los partidos políticos de oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del gobierno sin temor a represalias, subió su puntaje en 18 estados del país. Este cambio se dio gracias a la mejora de las percepciones de los expertos acerca de la efectividad del congreso como contrapeso al gobernador del estado y de si los partidos de oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del gobierno sin temor a represalias.
La mejora en este indicador se concentró en los estados que tuvieron transiciones en el partido en el poder de los congresos locales desde la última versión del Índice. Es decir, en los once estados en donde el congreso pasó a un partido de oposición al gobernador (desde el partido del gobernador), el sub-factor 1.1 mejoró un promedio de +0.08. Por otro lado, en los quince estados donde los congresos se mantuvieron con el mismo partido mayoritario que el del gobernador, el cambio promedio fue de +0.01.
"Durante el proceso democrático, se fortalecen los mecanismos para fomentar la rendición de cuentas de nuestros representantes."
Asimismo, en los estados donde un partido de oposición al gobernador se mantuvo con el control del Congreso, el cambio promedio fue de -0.01. Finalmente, en las dos entidades donde había un congreso con control de la oposición y pasó al partido del gobernador, se registró un descenso promedio de -0.04. Esto muestra que, durante el proceso democrático, se fortalecen los mecanismos para fomentar la rendición de cuentas de nuestros representantes.
Los procesos electorales como contrapeso
Finalmente, también se mostraron mejoras en las percepciones sobre la transparencia y libertad de los procesos electorales a lo largo del país. Un Estado de Derecho fuerte es crucial para asegurar el cumplimiento de los derechos políticos como el voto. También ayuda a proteger el desempeño efectivo de las diversas agencias electorales de posibles obstrucciones e intimidación por parte de actores estatales. (Tommasoli, 2012)
El sub-factor 1.6, que mide la integridad del proceso electoral, incluyendo el acceso al voto, la ausencia de intimidación y el escrutinio público de los resultados electorales, subió en 24 entidades del país. Este cambio fue impulsado por una mejora de las opiniones de los expertos acerca de si las elecciones se llevan a cabo sin intervención del gobierno; si el Instituto Electoral del estado garantiza que los procesos electorales sean libres, confiables y transparentes; y si el Tribunal Electoral del estado es eficaz al resolver controversias que surgen de los procesos electorales.
"Que la ley se aplique, no solo a los ciudadanos sino también a los gobernantes."
Estos resultados a nivel estatal coinciden con indicadores a nivel nacional, que indican un aumento en la confianza en los procesos electorales, tras a la elección federal de 2018. (Moreno, 2018) Esta elección fue notoria en su transparencia, ya que fue vigilada por más de un millón de representantes de todos los partidos políticos, representantes de candidaturas independientes, más de 32,000 observadores nacionales y 907 observadores internacionales. (Zovatto y Lara, 2018) Esto reafirma el continuo desarrollo de las instituciones encargadas de la organización de las elecciones en México, y la importancia de los procesos electorales para fomentar la rendición de cuentas de nuestros representantes.
El fortalecimiento del Estado de Derecho en México requiere que continuemos con el desarrollo de este sistema de contrapesos, del cual todos formamos parte. Por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de expresión al participar en manifestaciones, apoyando a la prensa libre e independiente o ejerciendo nuestro derecho al voto. Este sistema es fundamental para que la ley se aplique, no solo a los ciudadanos sino también a los gobernantes.
Referencias
Moreno, Alejandro (2018). Confianza electoral. El Financiero. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/confianza-electoral
Sánchez, E. A. (2016). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oxford University Press.
Tommasoli, M. (2012). Rule of law and democracy: Addressing the gap between policies and practices.UN Chronicle, vol. 49/4. Disponible en: https://www.un.org/en/chronicle/article/rule-law-and-democracy-addressing-gap-between-policies-and-practices
Villanueva Gómez, L. E. (2014). La división de poderes: teoría y realidad. Cátedra nacional de derecho Jorge Carpizo. Reflexiones constitucionales.Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas
World Justice Project (2020). Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.Disponible en: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/rule-law-mexico
Zovatto, Daniel y Lara, Miguel Ángel (2018). México, 1 de julio: la elección más grande de la historia. Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Disponible en: https://www.idea.int/es/news-media/news/es/m%C3%A9xico-1-de-julio-la-elecci%C3%B3n-m%C3%A1s-grande-de-la-historia
[1] Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.
