Destacadas personas expertas y académicas discutieron sobre los retos y oportunidades para mejorar el acceso a la justicia en la ciudad.
Es la primera vez que cuatro asociaciones líderes de la sociedad civil en el tema de justicia colaboran en formular una agenda común para la impartición de justicia en la CDMX.
Las y los participantes se comprometieron a trabajar de manera continua en aras de mejorar el sistema de justicia penal de la Ciudad.
Ciudad de México a 21 de mayo de 2024.– En un evento sin precedentes, cuatro emblemáticas asociaciones de la sociedad civil (Corazón Capital, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia y el World Justice Project) unen su conocimiento y experiencia en un empeño por promover el acceso a la justicia transparente y equitativa. Esta sinergia representa un punto de inflexión en el compromiso por garantizar un sistema judicial accesible para todas y todos los ciudadanos. Personas directivas y expertas de dichas asociaciones expusieron datos de sus investigaciones y diversos enfoques, con el objetivo de explorar vías de colaboración y estrategias, ante las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El evento, titulado Foro Justicia incluyente para la CDMX, destacó la importancia de la colaboración entre sociedad civil y autoridades para asegurar un sistema judicial accesible, ágil, transparente y eficiente. A lo largo de las tres mesas de discusión, donde participaron representantes de cada una de las asociaciones, la academia, líderes de opinión y las candidaturas, se subrayó que la correcta impartición de justicia no solo recae en el gobierno, sino que requiere una participación de todos los sectores de la sociedad.
La primera mesa fue moderada por la periodista Ana Francisca Vega y contó con la participación de Mariana Campos y Susana Camacho de México Evalúa, la reconocida editorialista, Ana Laura Magaloni, y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano.
Durante su participación, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, mencionó que la cifra negra –entendida como la proporción de delitos que no se investigan ni se denuncian– es del 92%. Extorsión, con 97.8%, es el delito con menor denuncia, seguido por delitos que suceden en los hogares y que afectan particularmente a mujeres y niñas, como el hostigamiento sexual, con un 96.7% y violación, con un 91.2%. Es relevante evidenciar que el 75.3% de las razones por las cuales las personas no denuncian son atribuibles a la falta de confianza en las autoridades.
Por su parte, Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia de la misma organización, comentó que en la capital del país el 63% de casos terminan en el archivo temporal y que la reparación del daño a las víctimas es escasa. Hizo énfasis en que los procesos de la fiscalía capitalina son poco eficientes y en que se sigue dando prioridad a la prisión preventiva, que en el caso de la CDMX es de 56%.
La periodista Ana Francisca Vega, el candidato Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano, la editorialista Ana Laura Magaloni y Mariana Campos y Susana Camacho de México Evalúa
Por su parte, el candidato a jefe de gobierno, Salomón Chertorivski, planteó en su propuesta de política de seguridad y justicia con cuatro ejes principales: 1) Política criminal efectiva priorizando casos relevantes y con enfoque en la atención a víctimas; 2) Consolidar una corporación policial capacitada, con perspectiva de género; 3) Mejorar paga y servicios de salud de las personas que operan el sistema de justicia penal; 4) Desarrollar capacidades de la policía civil para recibir denuncias e investigar con tecnología y herramientas digitales. También propuso reformas en el Congreso capitalino para fortalecer una fiscalía realmente autónoma y que combata la impunidad.
La periodista Ana Francisca Vega, la editorialista Ana Laura Magaloni, Mariana Campos y Susana Camacho de México Evalúa y el candidato Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano
En la segunda mesa, titulada “Acceso a la Justicia en la CDMX”, se dieron cita Alejandra Gasca de México Unido contra la Delincuencia, Juan Jesús Garza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la candidata Clara Brugada, de la coalición Morena-PVEM-PT. La mesa, moderada por Hernán Gómez, brindó a la audiencia luz sobre los retos que enfrenta el sistema.
Carlos Flores y Aurélien Guilabert de Corazón Capital, el periodista Hernán Gómez, la candidata Clara Brugada de la coalición Morena-PVEM-PT, Juan Jesús Garza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Alejandra Gasca de México Unido contra la Delincuencia
La ex alcaldesa de Iztapalapa propuso la creación de un “Gabinete contra la Corrupción” integrado por instituciones de seguridad, incluyendo, la sociedad civil y recalcó que: “vamos a hacer que la justicia cívica no esté solo al lado de las agencias del Ministerio Público para que juegue su función más importante de resolver los conflictos a través de otro tipo de métodos y de mecanismos”.
El periodista Hernán Gómez, la candidata Clara Brugada de la coalición Morena-PVEM-PT, Juan Jesús Garza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Alejandra Gasca de México Unido contra la Delincuencia
Finalmente, la tercera mesa, moderada por Salvador Camarena, reunió a Alejandro González, del World Justice Project; Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Santiago Taboada de la coalición PAN-PRI-PRD.
Alejandro González del World Justice Project y Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD
El candidato detalló que la reforma que presentará buscará que el Consejo de la Judicatura se separe de la presidencia del Tribunal de Justicia y agregó que que lo primero que hará cuando sea jefe de Gobierno será una reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para acabar con la ineficiencia y la corrupción: “Lo que vivimos es que quien controla el Poder judicial también controla las sanciones y evaluaciones a jueces y magistrados.”
Carlos Flores de Corazón Capital, Alejandro González del World Justice Project, Laurence Pantin de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, el periodista Salvador Camarena, Aurélien Guilabert de Corazón Capital y el Dr. José Buendía de la Facultad de Derecho de la UNAM
Justicia Incluyente en la CDMX: ¿qué sigue?
Como parte del Foro, las cuatro asociacones organizadoras le pedimos al académico de la UNAM, José Buendía, conclusiones que puedan servir de punto de partida de nuestras asociaciones de cara a impulsar una agenda común en materia de acceso a la justicia, durante la transición de gobierno en la Ciudad de México, y con la próxima Jefatura de Gobierno.
La participación en el Foro “Justicia Incluyente para la CDMX” de la candidata y los candidatos al gobierno de la CDMX, Clara Brugada, de Morena, Santiago Taboada, de la Alianza Opositora, y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, es una buena noticia para el diálogo y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en uno de los asuntos más acuciantes para la ciudadanía de la capital: el acceso equitativo y transparente a la Justicia. Su presencia es muestra del compromiso y la importancia de la discusión de políticas públicas y estrategias institucionales para avanzar en el interés común de construir la paz sobre la base de una democracia con derechos para todos. Gracias por ello.
Las discusiones sobre reforma de la Justicia en la CDMX, y el país, no son nuevas, por lo menos llevan 20 años. En estas primeras dos décadas del siglo XXI, la necesidad de hacer que sea accesible para todos se ha situado cada vez más en el centro de la atención de la agenda pública, a medida que ha aumentado el delito hasta los 3.4 millones que cada año se cometen en la capital. Esta problemática se ha reflejado en cambios en el proceso penal con el sistema adversarial, la creación de fiscalías autónomas y propuestas de reingeniería institucional del poder judicial, con resultados en la disminución reciente de algunos delitos, pero insuficientes para cumplir el objetivo compartido de asegurar la paz.
La ciudad cuenta con su propia Constitución desde 2018, aunque falta armonizarla con algunas instituciones, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX. En estos años, los esfuerzos en general por la equidad en la Justicia se han concentrado en transformaciones normativas de derecho, especialmente para personas o grupos con mayores desventajas, más que en la revisión de las políticas criminales y estrategias especificas para abatir la impunidad casi total que demuestra el hecho de que solo 7 de cada 100 denuncias deriva en una carpeta de investigación. Esa es la justificación de este foro con el que las 4 organizaciones convocantes pretenden abrir canales de comunicación y colaboración con gobiernos de cualquier signo político para apoyar sus trabajos por una justicia más eficiente y eficaz, que no solo se detenga en sancionar el delito sino también prevenirlo y atacar sus causas.
A pesar de los avances contra el crimen y la disminución de la percepción de violencia, los resultados son aún insatisfactorios en cuanto al fortalecimiento de la Justicia local, que es la primera puerta para ingresar de forma fácil y segura al derecho laboral, familiar, mercantil, patrimonial y, antes que nada, a la protección de la seguridad y de la vida. Como asentaron los informes de especialistas en el foro, prevalecen altos niveles de desconfianza hacia las instituciones de Justicia, índices elevados de cifra oculta de delitos por inhibición de la denuncia y subutilización de mecanismos de solución de controversias y la promoción de acuerdos restaurativos que ofrece la Justicia Cívica. Lo cual es una invitación a seguir pensando creativamente alternativas que incorporen análisis más amplios, además de los cambios legales, para la formulación de nuevos modelos de Justicia abierta y transparente centrados en las víctimas; y que tomen en cuenta factores sociales para revertir causas de la violencia.
Es de destacarse que en el encuentro pudieron observarse importantes convergencias entre las ideas de la y los candidatos, por ejemplo, sobre los modelos de la policía de proximidad y la estrategia de cuadrantes en las demarcaciones territoriales, en que coinciden Brugada y Taboada. Así como también diferentes enfoques y propuestas que enriquecen la reflexión y el abordaje de problemas tales como revisar los procedimientos para facilitar la denuncia como el principal punto de contacto entre las víctimas y el sistema de justicia; inteligencia, investigación y coordinación de la policía con el ministerio público; renovación del poder judicial para agilizar los procesos y los tiempos de la Justicia; y cambios radicales de la Justicia Cívica para resolver conflictos desde y dentro de la propia comunidad.
En sus intervenciones convinieron en que la ciudad afronta el reto de diseñar una agenda de seguridad y justicia integral que ponga en centro la atención en las víctimas del delito. El ingreso a la Justicia local, en general, no es una buena experiencia casi para nadie, no obstante que es el primer piso para denunciar, investigar y resolver el grueso de los delitos que ocurren en la capital. La tarea requiere de estrecha coordinación de todas las entidades involucradas en la procuración de Justicia y de políticas públicas creativas e innovadoras, que aborden el acceso equitativo y transparente a ella vinculado con el contexto social y la transformación del espacio público.
Por su parte, Brugada puso énfasis en señalar a la desigualdad social como principal barrera para el acceso incluyente a la Justicia, y por ello, destacó la importancia de transformar el espacio público para generar más ciudadanía, como su programa de las Utopías en Iztapalapa. En particular, propuso un cambio radical de la Justicia Cívica para llevarla a la comunidad y que juegue su función más importante de resolver los conflictos en la vida cotidiana para la construcción de paz en la Ciudad de México. Y, respecto al acceso a la justicia y el combate a la corrupción, generar mecanismos de control como los observatorios ciudadanos y políticas de evaluación externa en el ejercicio público.
En cuanto a la intervención de Taboada, también concurrió con los otros en el abordaje del acceso a la justicia y la seguridad como aspectos inseparables, por lo cual es imperativa la coordinación entre la fiscalía y la policía. Entre sus preocupaciones resaltó la prioridad de atender los delitos patrimoniales, a los que se enfocó su gobierno en Benito Juárez, por ser de los que más se denuncian y generan mayor percepción de inseguridad. En el plano institucional, dirigió su atención a la autonomía de la fiscalía y mejores controles para asegurarla y evitar su politización, así como a una mayor profesionalización y capacitación para reducir la ineficiencia y la corrupción en beneficio de las víctimas. Fue el único que se pronunció contra la prisión preventiva.
Cebe señalar que de todas las participaciones estuvo ausente el tema de los carteles locales de droga que son focos de violencia y su operación es precursor de otros delitos del fuero común como la extorsión, la trata y el secuestro, aunque el narcotráfico sea una materia federal. Tampoco ocupó un lugar en los diagnósticos sobre la criminalidad de las organizaciones convocantes, ni respecto al impacto que tiene para la seguridad en la ciudad; quizá por concentrar sus análisis en los problemas y retos de la Justicia local.
En efecto, la Justicia local es un espacio de crisis permanente por rezagos acumulados de infraestructura y capacidades humanas y materiales para investigar y castigar los delitos, no obstante que el ámbito estatal es en el que ocurren la mayoría de ellos en el país. En muchos casos sus desafíos son aún mayores por la emergencia de delitos de género que como se puso sobre la mesa en el foro— obligan a proponer la creación de defensorías sociales y jurídicas para las mujeres, así como fiscalías especializadas contra el feminicidio.
Por la dimensión de la tarea, el acompañamiento de las organizaciones civiles y sociales como aliadas de las autoridades debe verse como una fortaleza que suma experiencias, expertos y colaboración para construir, en conjunto, una seguridad más humana en la megalópolis donde todos queremos vivir en paz.
