- La corrupción a gran escala, el gran reto del país
- Influencias indebidas en funcionarios de sistemas de seguridad e impartición de justicia
La corrupción es un tema urgente en el país y los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2018 lo confirman. De las ocho dimensiones que conforman los puntajes de este estudio, Ausencia de corrupción tiene el peor promedio con 0.35. Al igual que en las puntuaciones generales, ningún estado alcanza 0.5, la mitad de la calificación máxima (1.0). La puntuación del primer lugar, Querétaro, es de 0.42, mientras que la del último lugar, Ciudad de México, es de 0.27.
De los cuatro tipos de funcionarios estatales que se evaluaron en este factor, los funcionarios del poder legislativo obtuvieron la calificación más baja a nivel nacional (0.27). Estos funcionarios fueron seguidos por los del ejecutivo estatal (0.33), de sistemas de seguridad y procuración de justicia (0.36) y del poder judicial (0.45).[1]
Al analizar a profundidad estos aspectos, se reafirma que la corrupción a gran escala, que ocurre en licitaciones y compras públicas, es el tema más urgente en el rubro y lo que afecta en peor medida la percepción de corrupción. El indicador de actos de corrupción a gran escala de funcionarios del poder ejecutivo estatal tiene un puntaje más bajo que el factor de Ausencia de corrupción en todas las entidades, además que es el indicador con el promedio más bajo (0.27) de todo este aspecto del Estado de Derecho.[2] Comparado con este indicador, el que se refiere a actos de corrupción a pequeña escala tiene un mejor promedio (0.43), este aspecto de la corrupción está relacionado con actos cotidianos, como sobornos a policías u otros servidores públicos.[3]
Los estados con puntajes más bajos en corrupción a gran escala son Veracruz (0.20), Guerrero (0.21) y Nayarit (0.21), mientras que los mejor evaluados fueron Querétaro (0.40), Baja California (0.39) y Guanajuato (0.37). Dentro del indicador de corrupción a pequeña escala, los estados con calificaciones más bajas fueron Ciudad de México (0.21), Sonora (0.26) y San Luis Potosí (0.26), mientras que Guanajuato (0.72), Puebla (0.66), Zacatecas (0.63) y Querétaro (0.62), fueron los mejor evaluados.
Los datos del Índice también confirman la falta de autonomía de los funcionarios de los sistemas de seguridad y procuración de justicia. El indicador de ausencia de influencia indebida de poderes políticos o económicos,o del crimen organizado tuvo menor puntaje (0.25),[4] que el de ausencia de sobornos (0.53).[5]
Los actos de corrupción están fuera de la ley, además de que son un impedimento para que haya un cumplimiento de las otras dimensiones del Estado de Derecho. La corrupción generalizada impide que existan contrapesos institucionales efectivos entre los diferentes poderes. Además, va en contra de los principios del gobierno abierto, ya que inhibe la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
La corrupción también es un obstáculo para el respeto de los derechos humanos, como la libertad de opinión y expresión. En un país con corrupción la seguridad de las personas y sus propiedades no se puede garantizar, así como la aplicación efectiva de normas y regulaciones. Asimismo, distorsiona la imparcialidad de los sistemas de impartición de justicia, fomentando la impunidad.
Los efectos adversos de la corrupción han sido reiterados por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que la corrupción tiene un impacto mayor en las poblaciones vulnerables y en situación de pobreza, ya que incrementa el costo de acceso a servicios públicos, incluidos los de salud, educación y justicia. También, disminuye la confianza en el gobierno, lo que debilita al contrato social, además que desincentiva las inversiones, lo que genera menor crecimiento económico y desempleo.[6]
La información detallada sobre estos problemas es el primer paso hacia un sistema anticorrupción sin impunidad, con organismos de control independientes y mecanismos de transparencia y acceso a la información, en el que los ciudadanos supervisen la rendición de cuentas de sus gobernantes. Para conocer los resultados completos del Índice de Estado de Derecho en México 2018, haz clic aquí.
[1]Lo que reafirma los resultados de la Encuesta Nacional De Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el que las cámaras de Diputados y Senadores tienen el penúltimo lugar en confianza.
[2]Indicador 2.1.1 del Índice de Estado de Derecho en México 2018. Consultar mapa de variables aquí
[3]Indicador 2.1.2 del Índice de Estado de Derecho en México 2018.
[4]Indicador 2.2.2 del Índice de Estado de Derecho en México 2018.
[5]Indicador 2.2.1 del Índice de Estado de Derecho en México 2018.
[6]The negative impact of corruption on the enjoyment of Human Rights,Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013
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— World Justice Project (México) (@TheWJP_mx) December 8, 2018
