La mediación indígena es un modelo que inició en Hidalgo en 2007 y constituye una vía para resolver un conflicto, distinta a la que se ofrece en las agencias ministeriales y en los juzgados y, también, distinta a las prácticas de las comunidades indígenas de resolución de conflictos. Las personas que acuden a los centros de mediación indígena (formalmente llamados centros de justicia alternativa) pertenecen a alguna comunidad indígena y son atendidos por personas que, en muchos casos, son integrantes de esa misma comunidad o de alguna otra. El servicio de mediación indígena se ofrece en la sierra y planicie hidalguense, en las zonas tepehua, hñähñú u otomí y náhuatl, en donde viven –al día de hoy– 362,629 personas mayores de tres años hablantes de alguna lengua indígena, equivalente al 12.3 % de la población del estado (INEGI, 2021).
Desde 2007 este modelo se ha logrado consolidar como uno que acerca la justicia a las comunidades de manera efectiva. Las personas indígenas que utilizan la mediación pueden abordar sus conflictos en su lengua materna (tepehua, hñähñú u otomí y náhuatl), así como identificar y atender las necesidades en las sesiones de mediación. Esta vía privilegia el empoderamiento de las personas ya que son estas quienes trazan la solución a su conflicto, lo cual cobra particular relevancia tratándose de niñas y mujeres quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a las instituciones del Estado.
La mediación indígena tiene componentes de la justicia procedimental que devienen en mayor percepción de justicia y de satisfacción. Las personas facilitadoras explican a las partes las reglas y principios que aplicarán a sus sesiones de mediación y son ellas mismas quienes directamente narran su caso y proponen soluciones a su caso. Además, las sesiones son conducidas por personas neutrales e imparciales. La satisfacción queda patente al considerar que, del total de asuntos mediados, se logran acuerdos en el 85.5 % de los casos (CEJAH, 2021). Los puntos de coincidencia entre la mediación indígena, y la justicia alternativa en general, con la justicia procedimental apuntalan los beneficios para las personas que recurran a esta vía y una oportunidad para las instituciones de justicia del Estado de ofrecer una justicia cercana y efectiva a las personas.
