La MJA es la primera medición oficial sobre el nivel de apertura institucional de los sujetos obligados del ecosistema de justicia, es decir, aquellas instituciones encargadas de la procuración, adminis-tración e impartición de justicia, así como de la protección del acceso a la justicia y de los derechos humanos en los órdenes estatal y federal.
La MJA es un esfuerzo de cocreación y colaboración realizado por el INAI, la organización internacional WJP, y el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara.
El propósito principal de la MJA es proporcionar una línea basal sobre el estado de apertura que ofrecen las instituciones y los servicios encargados de la procuración, impartición, administración y acompañamiento en los procedimientos de justicia en México, con la finalidad de proporcionar evidencia que les permita construir sus políticas de apertura. Esta línea base, conformada por 42 variables sobre transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, fija estándares de actuación oficial que califican la actuación institucional.
Un antecedente relevante es la Métrica de Gobierno Abierto (MGA), cuya metodología sirvió de aproximación inicial. Similar a la MGA, la MJA analiza las dimensiones de la transparencia y la participación, pero también incorpora otras dimensiones, las de la colaboración y la rendición de cuentas, por me-dio de indicadores de apertura especializados y adaptados a las funciones sustantivas de las diversas entidades públicas del ya mencionado ecosistema de justicia.
A su vez, la tipología de sujetos obliga-dos es distinta4, de la misma forma que su alcance es distinto, en tanto que la MJA posee un enfoque censal que abarca a todos los sujetos obligados (SO) del ecosistema de justicia de los órdenes federal y estatal, mientras que la MGA posee un enfoque muestral.
Lanzamiento de la Métrica de Justicia Abierta 2023 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Para esta primera edición se integró el universo de SO que cumplieron con tres requisitos, el primero se centró en sus funciones materiales e integró a instituciones encargadas de la impartición, pro-curación y administración de justicia. De tal manera que la MJA mide a los órganos jurisdiccionales tales como los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), los Tribunales Electorales (TE), los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA), los Consejos de la Judicatura (CJ), además de órganos no jurisdiccionales, como son las Comisiones de Derechos Humanos (CDH) y los Centros de Justicia para Mujeres (CEJUM), las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia (FGJ), las Procuradurías Especializadas (PE), como son las Procuradurías Ambientales, además de las instancias implementadoras del Sistema de Justi-cia Penal (SIJUPE) e instancias coordinadoras de los sistemas penitenciarios (ISP).
El segundo requisito fue que esas instituciones estuvieran dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en su carácter de SO (de acuerdo con la normatividad aplicable)5 y, el tercero, que se encontraran en funciones durante la recolección de la información, para poder llevar a cabo el estudio. En total, el universo de SO se integró por 233 instituciones en ambos órdenes, el estatal y el federal.
El análisis de estas instituciones se estructura a partir de las dimensiones de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, y desde dos perspectivas, la institucional y la ciudadana. Por un lado, la perspectiva institucional hace referencia a aquellas previsiones institucionales que permiten la apertura de la información, es decir, de los procesos y espacios que habilitan y facilitan la interacción con las y los ciudadanos. En última instancia, pueden ser consideradas previsiones de “oferta” institucional de apertura.
Por otro lado, la perspectiva ciudadana se refiere a aquellos atributos y condiciones institucionales de apertura accionables que permiten el acceso a la información, así como su utilización efectiva, de manera que la ciudadanía cuente con la posibilidad de involucrarse al ofrecer sus opiniones, cocrear soluciones, así como al vigilar, dar seguimiento y exigir a esas instituciones.
En última instancia esos atributos y condiciones pueden ser consideradas previsiones de “demanda” a la institucionalidad pública para la apertura. Las cuatro dimensiones, consistentes en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas se sitúan en el escenario de los procesos de gestión tendientes al cumplimiento de los mandatos de las instituciones del ecosistema de justicia definido en la metodología.
Explicación de la Métrica de Justicia Abierta 2023
Los resultados se presentan de forma global y se desagregan por perspectiva y subíndice. La calificación promedio general de la MJA fue de 0.42 en una escala del 0 al 1. La dimensión de transparencia obtuvo el puntaje más elevado, con un 0.59, seguido de rendición de cuentas con un 0.44, de participación con un 0.37, y de colaboración con el puntaje más bajo de 0.27. En términos globales, la perspectiva ciudadana obtuvo un 0.49 frente a la perspectiva institucional, con una calificación de 0.34 en las cuatro dimensiones, aunque se observó que la mayor brecha residía en la dimensión de colaboración.
En el apartado de resultados se presenta el total de los sujetos obligados y destacan aquellos que están en los extremos, lo cual ilustra la dispersión de los puntajes. Asimismo, se presentan las calificaciones por tipo de sujeto obligado, (SO) en donde destacan los Tribunales Superiores de Justicia, con un puntaje de 0.52, y las Comisiones de Derechos Humanos, con 0.51.
La presentación de resultados por estado requiere primero visualizar que no son comparables, dada la heterogeneidad de los sujetos obligados registrados en cada uno de ellos. Sin embargo, si se compara solo el núcleo de sujetos obligados comunes a todas las entidades, la comparación sí es posible.
Entre los hallazgos más relevantes destaca, primero, que la publicidad de las resoluciones definitivas es todavía una tarea asumida y realizada sin regularidad al interior del ecosistema de justicia, puesto que apenas alcanzó un puntaje de 0.61. Aunque se encontró que existe cumplimiento general en la publicidad de las obligaciones de transparencia, reflejado en un puntaje de 0.99, la gestión de los archivos sigue siendo incipiente, con un puntaje de 0.24, lo cual causa preocupación en tanto los archivos son la base para la eficacia del derecho de acceso a la información. Segundo, la oferta de servicios digitales en el sector justicia es todavía precaria.
Si bien pueden tramitarse servicios de manera digital en algunas instituciones, lo que está reflejado en un puntaje de 0.62, la accesibilidad de los servicios digitales es baja, con una calificación de 0.31, además de que la posibilidad de consultar el expediente íntegro es mucho menor, recibiendo un puntaje de 0.19. Tercero, son pocas las instituciones del ecosistema que cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción, reflejado en un puntaje de 0.26, y los protocolos de protección a denunciantes son casi inexistentes, con un puntaje de 0.08.
Además, algunos mecanismos preventivos –como la obligación para quienes desempeñan una función pública de presentar la declaración patrimonial– apenas alcanzaron un puntaje de 0.46, a pesar de haber sido una de las peticiones más claras de la movilización ciudadana que impulsó la reforma en materia de combate a la corrupción.
Adicionalmente a la MJA, se llevó a cabo un estudio a profundidad sobre los órganos jurisdiccionales con base en variables de apertura aplicables –en forma exclusiva– para este tipo de sujetos obliga-dos, por su naturaleza especializada en la resolución de controversias y la toma de decisiones jurídicas basadas en estándares, criterios y normas.
A raíz de esto, se desarrolló el Módulo de Apertura Jurisdiccional (MAJ) para analizar a 124 sujetos obligados, integrado por una sola dimensión llamada apertura jurisdiccional, cuatro subíndices y 12 variables.
La calificación promedio global del Módulo de Apertura Jurisdiccional fue de 0.26. En contraste con la Métrica de Justicia Abierta, la perspectiva institucional obtuvo el puntaje más alto, de 0.49, mientras que la perspectiva ciudadana obtuvo solo 0.04. La perspectiva institucional está integrada por nueve variables, que en su mayoría verifican el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la publicación de la lista de acuerdos o las versiones estenográficas.
En contraste, en la perspectiva ciudadana, que está conformada por tres variables, se analizan prácticas relevantes como la recepción de los amicus curiae, pero que no cuentan con un mandato legal específico, salvo en contadas excepciones.
Cabe mencionar que el bajo puntaje de la perspectiva ciudadana refleja la débil vinculación entre los órganos jurisdiccionales y la ciudadanía, en relación con la deliberación jurisdiccional, con un resultado de 0.07, y con la optimización en la publicidad y accesibilidad de las resoluciones, con un 0.01. Estos hallazgos muestran que los órganos jurisdiccionales siguen actuando de manera hermética y sin incorporar la reflexión que proviene de la ciudadanía.
Los puntajes del Módulo de Apertura Jurisdiccional se presentan de manera desagregada por subíndice, así como por tipo de SO, en donde destacan los Tribunales Electorales con un puntaje de 0.40.
En suma, esta primera edición busca apuntalar oportunidades en materia de apertura para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de justicia que se ofrecen a las personas, lo que resultará en un mejor entendimiento de sus necesidades, a la par del respeto y la garantía de sus derechos. A su vez, una mayor transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas fortalece la integridad pública y la confianza en las instituciones de justicia.
