El Estado de Derecho es “un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.”[1]Sin embargo, existen grupos vulnerables, como las mujeres, que se enfrentan a diferentes barreras en sus experiencias con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, lo que a su vez impide el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Según datos de la Encuesta a Población General (GPP, por sus siglas en inglés)[2]del World Justice Project (WJP), el Estado de Derecho es experimentado de manera diferente entre hombres y mujeres en México. Específicamente, las mujeres reportan una menor participación en manifestaciones políticas y menor contacto con las autoridades, así como una mayor cantidad de impactos derivados de problemas de justicia cotidiana.
1. El derecho a la protesta pacífica
Las mujeres en México tienen obstáculos para ejercer uno de sus derechos plasmados en la ley, el derecho a la protesta pacífica. Este derecho es una forma de participación cívica[3]y es fundamental para el Estado de Derecho. Las protestas fomentan el desarrollo de una ciudadanía comprometida e informada y fortalecen la democracia representativa al permitir la participación directa en los asuntos públicos. Además, la protesta es especialmente importante para combatir la desigualdad, ya que visibiliza a las personas cuyos intereses están marginados o representados de manera deficiente.
Los datos de la encuesta del WJP muestran una menor participación de las mujeres en actos de protesta. A nivel nacional, un porcentaje menor de mujeres (7%) reportó haber participado en una manifestación pacífica en los últimos doce meses, con respecto a los hombres (10%). Esto es consistente con tendencias que se han observado en la región de América Latina.[4]
Una menor participación de las mujeres en protestas contra el gobierno puede deberse a la inseguridad del país, así como otras causas como leyes restrictivas y barreras institucionales, además de prácticas culturales discriminatorias y un acceso desproporcionadamente bajo a educación de calidad, servicios de salud y recursos.[5]
2. Contacto con las autoridades
Los resultados de la encuesta GPP también muestran un menor contacto de las mujeres con las autoridades en México. El contacto con las autoridades es fundamental para que nuestros gobernantes conozcan las necesidades de los ciudadanos y las atiendan, además que les provee de retroalimentación sobre la efectividad de sus políticas. Un menor contacto de las mujeres con las autoridades puede implicar que sus necesidades serán atendidas en menor medida que la de los hombres y que sus experiencias serán tomadas menos en cuenta para el diseño de políticas públicas. Los resultados de la encuesta muestran que las mujeres reportan en menor medida (28%) problemas de su comunidad que los hombres (35%).
Estos resultados son consistentes con los datos de contacto con la policía incluidos en la misma encuesta del WJP, ya que las mujeres la contactaron con menor frecuencia que los hombres en diferentes situaciones. El contacto con la policía para reportar delitos, problemas, emergencias o pedir información refleja la confianza (o desconfianza) en las fuerzas de seguridad y es una forma de obtener retroalimentación sobre las necesidades de seguridad en los municipios. También es un reflejo de que el sistema de justicia es accesible para los ciudadanos.
De forma similar, la encuesta del WJP muestra un menor porcentaje de mujeres que afirman que cualquier persona tiene derecho a pedir información del gobierno. La capacidad de los ciudadanos para hacer consultas de información está relacionada con el concepto de transparencia y es parte de contar con un gobierno abierto. La transparencia es fundamental para garantizar la rendición de cuentas de nuestros representantes y para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Además de afectar la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, este menor contacto con las autoridades por parte de las mujeres genera menor confianza en nuestros representantes. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE)[6], confirman un menor nivel de confianza en las fuerzas de seguridad por parte de mujeres. Una forma de incrementar la confianza y el contacto con las instituciones es aumentar la participación y visibilización de las mujeres en los puestos de toma de decisión. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (ENCIG), aunque existe un mayor número de mujeres trabajando en el gobierno (53.3%), el porcentaje se reduce (23.5%)[7]cuando se considera únicamente a los titulares de área.
3. Justicia ordinaria
La encuesta GPP también incluyó un módulo sobre acceso a la justicia, que permitió recopilar información acerca de las necesidades legales cotidianas en México y la forma en la que los ciudadanos se enfrentan a sus problemas legales. Los resultados muestran que existen diferencias entre los problemas legales cotidianos a los que se enfrentan mujeres y hombres, además que un porcentaje menor de mujeres reportó problemas legales que el de hombres.[8]El 50.9% del total de hombres reportaron problemas legales en los últimos dos años, mientras que el 47.7% del total de mujeres los reportaron. Dentro de las categorías que muestran una mayor diferencia están las que están relacionadas con dinero (“Consumo”, “Cobros”, “Deudas” y “Trabajo”), las cuales muestran por lo menos tres puntos porcentuales de diferencia. Otra categoría con diferencias entre hombres y mujeres es “Comunidad y Servicios Básicos”, la cual engloba problemas con pandillas, vandalismo o consumo de sustancias prohibidas en las calles, así como problemas de acceso a servicios básicos como agua, drenaje o electricidad.
Los resultados también muestran que estos problemas surten impactos, especialmente en la salud de las personas y en su estabilidad financiera. Estos impactos varían de acuerdo al sexo de los encuestados, con 40% de mujeres que los reportaron y 35% de hombres que lo hicieron. Los impactos con más diferencia entre sexos son los relacionados con la salud, con 27% de mujeres y 17% de hombres reportándolos, una diferencia de más de diez números porcentuales.
Estas son solo algunas de las situaciones en las que existen diferencias entre hombres y mujeres en el contacto con las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, las cuales pueden reflejar barreras que impiden una experiencia plena del Estado de Derecho. Un conocimiento más profundo acerca de estas experiencias es esencial para diseñar políticas públicas que tomen en cuenta las distintas necesidades de los ciudadanos, además de prevenir que las instituciones, como, por ejemplo, las de justicia, reafirmen una mayor desigualdad al generar diferentes resultados para hombres y mujeres.
[1]Naciones Unidas, S/2004/616, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616&Lang=S
[2]La Encuesta sobre Estado de Derecho, del WJP, se aplicó a una muestra representativa de 25,600 personas en las 32 entidades del país (800 por estado), a finales de 2017. El objetivo de la encuesta fue obtener información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, percepción de seguridad, victimización, derechos fundamentales, y acceso a la justicia.
[3]Otras formas de participación cívica son votar en elecciones, debatir temas públicos, asistir a reuniones de nuestras comunidades e involucrarse en organizaciones civiles, por ejemplo. La participación en una democracia debe ser pacífica, respetuosa de la ley y tolerante con las diferentes opiniones de otros grupos e individuos.
[4]Kittilson, M. C. (2016). Gender and Political Behavior. Oxford Research Encyclopaedia of Politics.
[5]Women Deliver (2018). Strengthen Women’s Political Participation and Decision-Making Power. Disponible en: https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/09/Deliver_For_Good_Brief_8_04.10.18-Political-participation.pdf
[6]Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2018). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
[7]Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2018). Estadísticas a propósito de…
Día de la administración pública (23 de junio), disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/publica2018_Nal.pdf
[8]La encuesta identifica 38 tipos de disputas, las cuales son agrupadas en 13 categorías: consumo; hogar; terrenos y propiedades; comunidades y recursos naturales; servicios públicos; escuelas; dinero; familia; trabajo; deudas; lesiones y accidentes; policía y militares; y, trámites gubernamentales. Se excluyó a Coahuila del total por resultados atípicos.
