El 15 de septiembre de 2023, se aprobó oficialmente la Política de Justicia Abierta del Estado de Quintana Roo 2023-2030. Esta Política Estatal abarca a todo el ecosistema de justicia de la entidad y surge en un contexto de cambios estructurales y de política pública, impulsados desde el Sistema Estatal Anticorrupción. Estos cambios buscan encarar el reto de corrupción y de opacidad institucional en el estado, así como las tareas pendientes en materia de apertura y acceso a la justicia.
Desde World Justice Project, nos sentimos honrados de haber acompañado los esfuerzos del grupo promotor, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana del estado. Los esfuerzos cocreativos y colaborativos entre instituciones públicas y sociedad civil tienen el potencial, como esta Política Estatal de Justicia Abierta, de incorporar un modelo de justicia que esté centrado en las personas desde su propia construcción.
¿Qué beneficios trae una política estatal de justicia abierta?
Tiene el potencial de incorporar las necesidades de las personas en las decisiones y la operación diaria de las instituciones de justicia; de fomentar la transparencia y la accesibilidad en los servicios institucionales, incluyendo los resultados más relevantes como las resoluciones; y de limitar las oportunidades para cometer actos arbitrarios o de corrupción, entre otros. Esta Política es un referente para el país porque, por un lado, vincula y responsabiliza a las distintas instituciones del ecosistema de justicia de adoptar acciones concretas en materia de justicia abierta. Por otro lado, la Política establece la hoja de ruta que las instituciones del ecosistema de justicia deben seguir para promover y garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la información de la ciudadanía, lo cual implica poder involucrarse de forma participativa en el diseño, toma de decisiones e implementación de las políticas públicas, en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
¿Cómo se construyó la Política?
La aprobación de esta Política es el resultado de un proceso que fue detonado por el mandato constitucional estatal de adoptar un modelo de justicia abierta y la incorporación de la Justicia Abierta en la Política Anticorrupción estatal y su Programa de Implementación 2021-2030. Estas bases habilitaron la discusión y construcción conceptual y metodológica sobre la justicia abierta, en el contexto de un seminario interinstitucional co-convocado por el órgano garante en materia de transparencia y el World Justice Project durante el verano de 2021. Este seminario fungió como semillero de conceptos, metodologías y propósitos, y concluyó con la firma de la Declaratoria de Justicia Abierta el 23 de septiembre de 2021, por un grupo plural de instituciones del ecosistema de justicia estatal, el INAI y organizaciones de la sociedad civil incluyendo a México Evalúa, Equis Justicia para las Mujeres y el World Justice Project.
La Declaratoria fue un paso importante para concretar el compromiso inter-institucional de adoptar una política estatal de justicia abierta y para que el grupo promotor confeccionara y articulara el proceso de cocreación de la política como instancia técnica. Este grupo promotor se integra por instituciones del ecosistema de justicia y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, principalmente locales. Tal como lo explica la Política, hubo un amplio y participativo proceso de cocreación, con foros temático-regionales, con la representación de distintas instituciones y perfiles diversos, y cuya discusión fue detonada a partir de documentos técnicos preparados por el grupo promotor y el equipo de consultoría.
Los Ejes Temáticos de la Política de Justicia Abierta
El contenido de la Política de Justicia Abierta se desarrolló a partir de los problemas identificados y evidencia recabada en torno a cinco ejes temáticos programáticos propuestos por World Justice Project, los cuales, a su vez, están vinculados con la Métrica de Justicia Abierta. Los Ejes temáticos son:
A) Referentes jurídicos y regulatorios de la justicia abierta, puesto que existen vacíos y ambigüedad regulatoria que dificulta la identificación de las áreas transversales de la justicia abierta y desdibuja las facultades y obligaciones a cargo de las instituciones.
B) Publicidad y accesibilidad de los procesos y resultados del ecosistema de justicia, ya que el acceso a la justicia es limitado y desigual, abarcando con ello limitaciones en ejercer el derecho al acceso a la justicia, al acceso a la información respecto de los servicios, procesos y resultados. Estos problemas contribuyen a sostener una justicia incomprensible, particularmente para poblaciones estructuralmente discriminadas.
C) Justicia digital, monitoreo ciudadano y acceso a la justicia que inhiben el uso de servicios digitales para acceder a la justicia, pero también la vinculación efectiva con la ciudadanía.
D) Vigilancia e incidencia social del gasto público y de los procesos de planeación, pues existe opacidad en la formulación de planes, programas y presupuestos, así como el ejercicio y gestión del gasto.
E) Decisiones estratégicas y procesos deliberativos y participativos, ya que existe baja confianza e interlocución con la ciudadanía a través de mecanismos institucionales.
Estos ejes permitieron identificar las problemáticas de apertura del ecosistema de justicia, pero también perfilar estrategias, líneas de acción y actores responsables para su implementación.
