En una reunión con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo, con el director del programa Word Justice Project (WJP), Alejandro González Arreola, se trazaron las metas y los objetivos para elevar a Quintana Roo a los primeros lugares en los indicadores en temas relacionados en el Índice de Estado de Derecho en México.
La gobernadora de Quintana Roo reconoció que hay rezagos heredados pero que su administración avanza y tiene el firme compromiso, disposición y determinación de avanzar y acabar con el impass en la materia.
Alejandro González Arreola, Director de Proyectos de Estado de Derecho de WJP y Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo
Cabe destacar que Word Justice Project evalúa diversos factores que incluyen la delimitación del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la apertura gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales, el mantenimiento del orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la administración de justicia civil y penal.
Es importante destacar que Quintana Roo se sitúa en el octavo lugar a nivel nacional en el índice de Gobierno Abierto y Transparencia, gracias al trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno desde el inicio de la administración.
Como parte de los acuerdos y líneas de acción a trabajar a corto plazo, se estableció abrir mesas de compromisos integradas por diversas dependencias y entidades gubernamentales clave como SECOES, SEFIPLAN, CEMER, SEOP, Oficialía Mayor, Poder Judicial, TJAQROO, TEQROO, Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras, para crear una agenda de trabajo y mejorar las prácticas anti-corrupción en el ámbito gubernamental y legislativo.
Estas mesas se encargarán de analizar y proponer acciones concretas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en Quintana Roo.
En el evento estuvieron presentes Cynthia Dehesa Guzmán, Directora de Ciudadanos por la Transparencia; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Seguridad Ciudadana , Contraalmirante Julio César Gómez Torres; Magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y el secretario particular, Ángel Rivero Palomo.
