Por: World Justice Project
- Los tres impactos más frecuentes como resultado de la pandemia de COVID-19 incluyen problemas financieros, enfermedades derivadas del estrés y necesidad de buscar otro trabajo.
- 48.3% de las personas con un trabajo remunerado antes de la contingencia vieron afectado su ingreso.
- La crisis sanitaria ha tenido efectos desiguales en la población, afectando en mayor medida a los grupos en situación de vulnerabilidad.
- 66.2% de las personas encuestadas percibe que el sistema de salud de su estado no garantiza la salud de todas las personas
La pandemia de COVID-19 y los cambios en la dinámica social derivados han tenido impactos significativos en la vida de las personas, los cuales van más allá de las consecuencias directas del contagio, e incluyen desafíos económicos, sociales y emocionales.
Esta crisis de salud pública se suma a los retos existentes en materia de Estado de Derecho en México, que además de desafíos en temas de seguridad, corrupción, y justicia1, también incluyen barreras de acceso al sistema de salud público, como bajos niveles de confianza (según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, 33.9% de la población desconfía de los hospitales públicos2), además de retos en materia de cobertura, y trato justo, imparcial y oportuno en las clínicas. Estos retos se han exacerbado en un contexto de emergencia sanitaria, y han tenido consecuencias asimétricas y regresivas, que afectan en mayor proporción a segmentos de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Un Estado de Derecho robusto contribuye a la erradicación de las causas estructurales de prácticas discriminatorias, desiguales y precarias, desde la institucionalidad pública a las personas (incluido el sistema público de salud), y fortalece la confianza de la población en estas instituciones, condiciones indispensables para resolver una crisis de salud pública como la pandemia de COVID-19. Por ello, además de acciones en materia de salud pública, la pandemia requiere de soluciones de gobernanza y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Con esto en mente, en el World Justice Project (WJP), se diseñó una encuesta telefónica, la cual fue aplicada a una muestra representativa de 2,352 personas a nivel nacional, para escuchar su opinión y conocer su experiencia durante la contingencia sanitaria3.
Hallazgos principales de la Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho
Las personas que respondieron la Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19, mencionaron que los impactos más frecuentes como resultado de las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia incluyen problemas financieros o pérdida de ingreso (52.4%), alguna enfermedad derivada del estrés (27.0%), necesidad de buscar otro trabajo (26.7%), falta de alimentos suficientes en su hogar (13.7%), dejar la escuela por no poder tomar clases a distancia (11.7%), y la ruptura de alguna relación (10.4%).
De acuerdo con la misma encuesta, 48.3% de las personas con un trabajo remunerado antes de la contingencia vieron afectado su ingreso: 25.9% sigue en el mismo empleo, pero recibe un salario parcial, 5.1% reportó tener el pago suspendido, y 16.9% perdió su empleo.
La crisis sanitaria ha tenido efectos desiguales en la población, afectando en mayor medida a los grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los problemas financieros han afectado en mayor medida a las personas con menor ingreso y menor nivel de escolaridad: 58.2% de las personas con menor ingreso reportó problemas económicos agravados por la pandemia, frente a 46.2% de las personas con un ingreso alto. En términos de salud mental, 28.0% de las mujeres reportó haber sufrido alguna enfermedad derivada del estrés durante la cuarentena, frente a 25.7% de los hombres.
El artículo 4° constitucional reconoce que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El acceso a la salud se refiere al uso oportuno de los servicios de salud de acuerdo a las necesidades de cada persona4. Así, el acceso a la salud debe cumplir con cuatro características: (i) disponibilidad, que implica suficiencia del número de profesionales de la salud (con salarios adecuados y capacitación suficiente), disponibilidad de equipo médico, medicinas y otros insumos, un tiempo razonable de espera, y que la población tenga información sobre las distintas opciones de salud; (ii) accesibilidad geográfica; (iii) asequibilidad; y, (iv) aceptabilidad o calidad de los servicios de salud5.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), «el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.»
A pesar de ser un derecho reconocido, en México existen múltiples barreras de acceso a la salud. De acuerdo con la ENCIG 2019, únicamente 19.9% de la población usuaria de servicios de salud estatales indicó que las clínicas y hospitales no estaban saturados, y solamente 35.9% afirmó tener disposición de los medicamentos necesarios. Así, menos de la mitad de la población usuaria de los servicios de salud estatales se sintió satisfecha con los servicios recibidos (47.2%)6.
Algunas de estas barreras se han exacerbado con la pandemia. De acuerdo con la Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19 del WJP, las personas han dejado de ir al médico (aunque lo necesitaran) por diversos motivos: por falta de citas (43.1%), por falta de tiempo (26.2%), porque el personal de salud no es amable o las ha hecho sentir discriminadas (26.1%), por no poder pagar los medicamentos y consultas, o no tener un seguro médico (23.4%), porque consideran que el personal de salud miente en el diagnóstico (21.0%), e incluso por considerar que el centro de salud está muy lejos, o porque no tienen modo de transportarse (11.8%).
En el contexto específico de la pandemia, solamente 44.7% cree que los centros de salud u hospitales públicos son confiables, frente a los médicos u hospitales privados, con 68.0% de confianza. La falta de confianza en los sistemas de salud tiene consecuencias, incluyendo que la gente deje de atenderse en caso de necesitarlo: 27.3% de quienes respondieron la encuesta mencionaron que es mucho o algo probable que, en caso de presentar síntomas de coronavirus, se esperarían a que pasaran los síntomas, antes de acudir a algún centro de salud.
Finalmente, la encuesta revela que en México existe una percepción generalizada de que los sistemas de salud son discriminatorios: 66.2% de las personas encuestadas percibe que el sistema de salud de su estado no garantiza la salud de todas las personas, sin importar los recursos con los que cada persona cuenta.
Siguientes pasos
En México, algunos de los impactos más frecuentes de la pandemia incluyen la pérdida de ingreso o trabajo, así como enfermedades derivadas del estrés. Además, los impactos no han sido iguales para todos. De hecho, a nivel global se ha observado que “las comunidades más pobres y vulnerables están sufriendo las peores consecuencias económicas y sanitarias”7. Asimismo, la pandemia ha revelado y agravado las desigualdades “de riqueza, salud, bienestar, protección social y acceso a bienes y servicios”, incluyendo alimentos, atención médica, y educación8. La pandemia también ha expuesto una desconfianza generalizada hacia los sistemas de salud estatales, así como la prevalencia de barreras de acceso a la salud para sectores amplios de la población en México –lo cual se suma al 16.2% de la población que desde 2018 tenía carencias por acceso a la seguridad social– de acuerdo con el CONEVAL9.
Existe una correlación positiva entre el Estado de Derecho y la salud pública10. Además, el Estado de Derecho fortalece la confianza de la población en las instituciones, lo cual es indispensable cuando se busca resolver una crisis de salud pública como la pandemia de COVID-19. Por tal motivo, combatir la pandemia de COVID-19 y reducir los impactos económicos y sociales asociados a esta crisis de salud pública requiere de soluciones y políticas de salud, por supuesto, pero también de instituciones confiables y justas.
Descarga los tabulados de la Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19 aquí:
1 World Justice Project (WJP), “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020: Las 32 entidades bajo la lupa ciudadana”, WJP, 2020. Disponible en: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020-VF2.pdf
2 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/
3 La “Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19” del World Justice Project es una encuesta telefónica representativa a nivel nacional, aplicada a 2,352 personas de 18 años y más en México. Se llevó a cabo entre el 4 de julio y el 16 de agosto de 2020, y fue administrada por SIMO Consulting.
4 Bart Jacobs et al., “Addressing Access barriers to health services: an analytical framework for selecting appropriate interventions in low-income Asian countries”, Health Policy and Planning, 2011: 1-13. Disponible en: https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_jacobs_ir_barriershealth2011.pdf
5 Owen O’Donnell, Access to health care in developing countries: breaking down demand side barriers, Cadernos de Saude Pública, 2007. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18157324/
6 De acuerdo con la ENCIG 2019, el porcentaje de la población usuaria de servicios de salud que se sintió satisfecha con el servicio recibido ascendió a 47.2% para hospitales estatales o del Seguro Popular, a 47.1% para clínicas del ISSSTE, y a 43.8% para hospitales del IMSS.
7 Commission Statement, “Lancet COVID-19 Commission Statement on the occasion of the 75th session of the UN General Assembly”, The Lancet, 2020: 396: 1102-24, Disponible en: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931927-9
8 Ídem.
9 CONEVAL, “Medición de la pobreza 2008-2018”. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
10 World Justice Project (WJP), “The Twin Crises of Public Health and the Rule of Law”, WJP, 25 de junio de 2020. Disponible en: https://worldjusticeproject.org/news/twin-crises-public-health-and-rule-law
