- La Métrica de Justicia Abierta ofrece una radiografía del estado de apertura de las instituciones que integran el ecosistema de justicia en México; se mide el nivel de transparencia, participación, colaboración, y rendición de cuentas, desde las perspectivas institucional y ciudadana.
Se evaluaron un total de 233 instituciones: 222 estatales y 11 federales.
En una escala que va del cero al uno, el puntaje general es de 0.42. Las dimensiones con el puntaje más alto fueron las de Transparencia (0.59) y Rendición de cuentas (0.44). En contraste, Colaboración es la dimensión con menor calificación (0.27), seguida por Participación (0.37)
Ciudad de México, 13 de julio de 2023. El World Justice Project (WJP), en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), presentaron la Métrica de Justicia Abierta. Ésta es la primera de su tipo en el mundo y evalúa el nivel de apertura de 233 instancias del ecosistema de justicia en el país: instituciones de procuración, impartición, y administración de justicia, así como las de la defensa, promoción y protección del acceso a la justicia en el país.
La presentación de la primera edición de la Métrica de Justicia Abierta (MJA) se llevó a cabo en la sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y contó con la participación de Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI; Adrián Alcalá, Comisionado del INAI; Lourdes Morales, Directora de Vinculación del IIRCCC; Reyes Rodríguez, Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Julián Olivas, Magistrado de la 2a Sección de la Sala Superior del TFJA; Felipe Mery, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; Mariela Ponce, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; y Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho y de la Oficina de WJP en México.
Alejandro González explicó que “este es el primer ejercicio de su tipo en el mundo, evalúa los niveles de apertura para todo el universo de instituciones de justicia federales y locales en México, identificando fortalezas y áreas de mejora clave para recuperar la centralidad de las personas en los sistemas de justicia, mejorar su integridad y confianza; es sin duda un modelo que puede y debe inspirar ejercicios similares en otros países y regiones del mundo con sistemas de justicia herméticos, insulares y alejados de las necesidades de las personas”.
Justicia Abierta
La justicia abierta es un modelo de justicia que coloca a las personas en el centro de las instituciones del ecosistema de justicia y es el resultado de cómo se articulan las necesidades públicas de información con los espacios de participación, colaboración y los mecanismos existentes de rendición de cuentas.
Lourdes Morales agregó que “El sistema de justicia en México está en crisis. Si la justicia no es accesible, no es expedita, no es igualitaria, no sirve a las personas y por el contrario permite que haya impunidad, no es justicia. Tenemos que evitar lo que anunció en su momento Voltaire: Los pueblos a quienes no se hace justicia, terminan por hacerla por si mismos, más tarde o más pronto.”
Métrica de Justicia Abierta: la primera de su tipo
Esta métrica es la primera medición de justicia abierta en el mundo y evalúa el nivel de apertura de las instancias que se encargan de procurar, administrar e impartir justicia, así como de la defensa, promoción y protección del acceso a la justicia en el país en una escala que va de cero a uno. Para esto, se desarrollaron 42 variables que cubren las dimensiones de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
En esta primera edición, se integraron a la medición todas las autoridades de justicia tanto federales como estatales dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) al momento del estudio: 233 instituciones, 11 federales y 222 estatales. Estas incluyeron a: Tribunales (Tribunales Superiores de Justicia, Consejos de la Judicatura, Tribunales Electorales, Tribunales de Justicia Administrativa y Tribunales Laborales), Fiscalías y Procuradurías, Centros de Derechos Humanos (Instancias de Atención a Víctimas, Comisiones de Derechos Humanos, Centros de Justicia para Mujeres, Implementadoras del Sistema de Justicia Penal y un Centro de Justicia Alternativa) e Instancias Penitenciarias.
Existen instancias de justicia con prácticas ejemplares, y otras con bajos estándares de apertura
Los niveles de apertura de las instituciones del ecosistema de justicia son muy heterogéneos entre sí. Conviven instituciones de justicia con calificaciones promedio cercanos a cero con otras que obtienen niveles cercanos a uno, como es el caso del Poder Judicial de Coahuila (0.87), o el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (0.86).
Los resultados indican que los Tribunales Superiores de Justicia y las Comisiones de Derechos Humanos son las instituciones más abiertas, con puntajes promedio de 0.52 y 0.51, respectivamente; mientras que los tribunales laborales y las instancias implementadoras del sistema penal acusatorio son las más bajas, con 0.21 y 0.10, respectivamente.
La transparencia es la mayor fortaleza de la justicia abierta en México, mientras que la colaboración es su punto débil
La dimensión de transparencia presenta el puntaje más elevado, con 0.59. Su variable mejor calificada es la “publicación de todas las obligaciones comunes”, con 0.99. No obstante, la “publicación de resoluciones definitivas” obtiene 0.61, lo cual refleja la posibilidad limitada de consultar el resultado principal de las instituciones de justicia, es decir, sus decisiones.
La dimensión de colaboración obtuvo el resultado más bajo de las cuatro dimensiones, con un puntaje promedio de 0.27. Existen escasos mecanismos de retroalimentación ciudadana a planes, programas, procesos y servicios de justicia.
Las instituciones de justicia aún no logran poner a las personas al centro
La dimensión de participación obtuvo un puntaje promedio de 0.37, pues falta mucho para alcanzar la centralidad de las personas en el sistema de justicia. Los mecanismos para la interlocución con la ciudadanía son limitados, particularmente para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la oferta de servicios digitales es todavía precaria, con un puntaje promedio de 0.41. Si bien pueden tramitarse servicios de manera digital en algunas instituciones, la accesibilidad de los servicios digitales es limitada (0.31), además de que la posibilidad de consultar el expediente íntegro es mucho menor (0.19).
Existen claroscuros en los mecanismos de rendición de cuentas
La dimensión de rendición de cuentas obtuvo resultados mixtos en distintas variables. Por un lado, existe un amplio acceso a información sobre el presupuesto (0.82) y su ejercicio (0.81). En contraste, es más reducida la apertura sobre las contrataciones de servicios y obras públicas (0.58), área considerada como una de las de mayor riesgo de corrupción.
La mayoría de las instituciones no cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción (0.26). Son casi inexistentes los protocolos de protección a denunciantes (0.08).
Uso de datos, factor clave para el avance en la Justicia Abierta
Las magistradas y magistrados que participaron en la presentación coincidieron en la importancia que la Justicia Abierta tiene para mejorar la experiencia de las y los ciudadanos en la impartición de justicia, así como en la necesidad de contar con datos y evidencia robustas para informar las políticas públicas para su fortalecimiento.
El Magistrado Olivas se declaró confiado de que la métrica contribuirá para que tengamos instituciones públicas en administración y procuración de justicia y en Derechos Humanos que sean más transparentes y efectivas para la ciudadanía en general, lo que nos permitirá tener un México más justo. Concluyó que “lo que se mide, puede mejorar”.
Por su parte, el Comisionado Alcalá agregó que “La ciudadanía tiene el derecho a saber que hace el poder judicial.”
