Operando desde 2016, el trabajo de nuestra oficina en México está fundamentado en datos. Nos guiamos por el principio de reforma basada en evidencia, en el que las recomendaciones concretas estén respaldadas por una investigación rigurosa. Nuestros análisis brindan información sobre políticas mal formuladas y cómo éstas afectan la vida cotidiana de las y los ciudadanos y sustentan las propuestas de estrategias para fortalecer el Estado de Derecho. Utilizamos la narración visual y las experiencias de personas, generalmente a través de documentales en alta calidad, para presentar hallazgos de una forma accesible.
Producimos el único Índice de Estado de Derecho del país con cifras a nivel estatal. Además del Estado de Derecho, nuestro ejes de trabajo son Justicia Alternativa, Reforma Policial, y Justicia Penal. Generamos datos confiables y sólidos a partir de un gran volumen de entrevistas a profundidad con diversos agentes, incluida la policía local, fiscales, jueces, así como líderes de la sociedad civil y academia independientes expertos en el tema.
Resulta útil encontrar propuestas tan interesantes como la del World Justice Project y su Índice de Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho eficaz es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para las y los ciudadanos; reducir la corrupción, mitigar la pobreza, promover la salud y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Contribuye a una gobernanza responsable y el respeto de los derechos civiles.
El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Publicamos el primer Índice en octubre 2018, diseñando cuestionarios, muestras y consultas con especialistas, por lo menos 2 años antes de su publicación.
El IEDMX sirve para identificar las fortalezas y debilidades de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Actualmente, 28 estados lo incluyen en sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.
El Índice de Estado de Derecho en México me parece un estudio muy serio, que proporciona elementos para que los gobiernos estatales tomen decisiones, también cualitativas, de perfeccionar sus instrumentos.
En 2008 el Congreso Federal promulgó una reforma constitucional que cambió la forma en la que se imparte justicia penal en México. Una vez concretada, surgieron diversos análisis desde la óptica conceptual. Sin embargo, eran pocos los estudios basados en evidencia cuantitativa. WJP ha contribuido a la mayor comprensión ―mediante estadística descriptiva― de algunos de los efectos de la reforma del Sistema de Justicia Penal, desde la experiencia de las personas privadas de la libertad. Asimismo, WJP ha realizado investigaciones para definir y desmitificar la llamada puerta giratoria. El propósito es ofrecer información neutral para operadores del sistema de justicia, hacedores de política pública, legisladores, interesados en el tema y público general.
La justicia abierta contribuye a la construcción del Estado democrático de derecho y al respeto de los derechos humanos, al tener como objetivo principal que las instituciones del ecosistema de justicia sean más abiertas y accesibles para todas las personas. La justicia abierta se construye sobre los principios o dimensiones de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
Por lo tanto, una justicia abierta abarca la garantía eficaz del derecho de las personas a estar informadas de manera continua y suficiente de todo acto de autoridad en materia de justicia; del derecho a expresar –en condiciones de igualdad y no discriminación– sus perspectivas de la vida pública y de compartirlas con las instituciones de justicia; a interactuar y cocrear soluciones –de la mano de las instituciones públicas– para incidir directamente en los problemas de justicia y en las soluciones públicas para abordarlos, así como a contar con mecanismos y procesos para detectar y denunciar arbitrariedades, y para monitorear la investigación y sanción de posibles actos de corrupción en las instituciones públicas de justicia.
El punto de partida de nuestro trabajo fue entender el bajo uso de la justicia alternativa en materia penal, frente a los beneficios que genera a las personas usuarias del sistema de justicia y a las propias instituciones. Esta inquietud de investigación inicial ha permitido generar información empírica entorno a: el nivel de sub-uso de la justicia alternativa en materia penal por entidad federativa y delito; las etapas más relevantes del procesamiento de casos; la evaluación actual y la idónea de la justicia alternativa, así como una serie de hipótesis que explican la resistencia a utilizar esta vía, desde la mirada de personas usuarias como de operadoras del sistema de justicia.
WJP ha profundizado su trabajo para indagar acerca de temáticas específicas como el desarrollo de modelos de mediación en y con comunidades indígenas y las ventajas de la justicia alternativa bajo la perspectiva de género.
Las reformas a la Constitución en materia de justicia penal otorgaron a la policía un nuevo papel en la función de la seguridad pública. Pasó de ser un auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos, a un actor con facultades para realizar esta tarea en coordinación con fiscalías y procuradurías de justicia. También, se les facultó para, entre otras cosas, recibir denuncias, preservar el lugar de los hechos posiblemente constitutivos de un delito, entrevistar a testigos y atender a víctimas. Estas nuevas facultades demandan una diversidad de capacidades, condiciones e insumos materiales para desempeñarse con efectividad y eficiencia.
Desde WJP, nos hemos dado la tarea de investigar iniciativas locales en la mejora de la función policial, desde policías de proximidad a policías que investigan, para que compartir los logros y retos de tal implementación con otras entidades que estén interesadas en aprovechar las ventajas de las policías locales.
World Justice Project nos da muchísima certeza, mucha garantía para lo que tenemos que hacer. Y es, digamos, esa luz que nos puede ir iluminando el camino que todos queremos.
El WJP es una organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Busca apoyar soluciones locales a través de un enfoque que incluye investigación, recolección y análisis de datos, y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. Desde 2008 WJP publica el Índice de Estado de Derecho a nivel global, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en 142 países. México se incorporó a la medición global en 2009.