Alfredo G. es habitante de la localidad de Santa Lucía, es campesino y comerciante. En 2024 participó junto con gente de su comunidad en la reforestación anual que se organiza en los bienes comunales de San Juan Atzingo (SJA), una comunidad indígena de etnia tlahuica que se encuentra en el municipio de Ocuilan, Estado de México. Alfredo recuerda que, desde que era niño, ha participado en las reforestaciones junto con personas de las otras seis localidades que conforman los bienes comunales de SJA. Aunque el cuidado del bosque es una práctica inherente a su cultura e identidad, en los últimos años, las y los habitantes se han esforzado por hacer más eficiente la reforestación de miles de árboles, debido a la tala ilegal que se ha intensificado en las últimas décadas.
El bosque de San Juan Atzingo alberga una vasta riqueza natural que la posiciona como un territorio de vital importancia ecológica. Sus bienes comunales se extienden a lo largo de 18,000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 12,000 son territorio boscoso, el cual incluye parte del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ), el cual a su vez está aledaño a otra ANP, el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Corredor Biológico de Chichinautzin. Conocido como el «Gran Bosque de Agua», este ecosistema desempeña un papel crucial en la captación y filtración de agua, que abastece a millones de personas en el Estado de México, el estado de Morelos y Ciudad de México, además de ser un pulmón vital que contribuye a la generación de oxígeno en una región marcada por la urbanización y la contaminación.
Sin embargo, la comunidad enfrenta múltiples desafíos que amenazan tanto su entorno natural como su bienestar social. La tala ilegal ha crecido de manera alarmante, propiciada por factores como la falta de alternativas económicas, la ausencia de un manejo forestal efectivo, la infiltración de grupos criminales, así como la ausencia de justicia efectiva ante el incurrimiento de este y otros delitos asociados. Esta actividad no sólo pone en riesgo la biodiversidad del bosque, que alberga especies endémicas y en peligro de extinción, sino que también intensifica problemas como la escasez de agua, la erosión del suelo y la pérdida de recursos tradicionales esenciales para la vida de las comunidades locales y aledañas.
Los conflictos históricos por la tenencia de la tierra y los límites territoriales con comunidades vecinas han afectado gravemente la gobernanza de los recursos naturales, ya que los procesos judiciales relacionados no han sido resueltos y estos detienen, a su vez, diversos trámites de vital importancia para el manejo de sus recursos, que van desde el correcto manejo de una plaga hasta la falta de publicación de su Programa de Manejo Forestal (PMF). Esta y otras problemáticas relacionadas a la tala ilegal han llegado al Centro de Paz y Diálogo (CPD) de San Juan Atzingo, una oficina alojada en la Comisaría de Bienes Comunales que se encarga de resolver conflictos cotidianos de la comunidad utilizando herramientas de justicia alternativa como la mediación.
@wjpespanol Es urgente atender las causas que propician la tala ilegal en el bosque #SanJuanAtzingo ubicado en el municipio de #Ocuilan en el #EdoMex. #FondoCanadáMX ♬ sonido original - World Justice Project México
Si bien el CPD lleva más de un año operando y ha demostrado ser altamente efectivo en la resolución de conflictos, así como en la orientación jurídica de las personas usuarias que asisten para resolver algún problema, lo cierto es que el conflicto de la tala ilegal es atravesado por múltiples problemáticas estructurales y complejas de resolver. Si el CPD puede ser un espacio en el que las personas de las localidades resuelvan sus diferencias y restauren sus tejidos comunitarios que han sido lastimados por la tala de su bosque, es una pregunta que esta investigación tiene como principal objetivo abordar. A su vez, el reporte analiza las distintas problemáticas asociadas a la tala ilegal como la afectación ambiental, y pone luz en el trabajo que realizan las estructuras de gobernanza comunitaria para enfrentarla.
Con este segundo reporte concluimos la segunda fase de nuestro proyecto “El fortalecimiento del acceso a la justicia de las comunidades indígenas del Estado de México, a través de los Centros de Paz y Diálogo”, implementado con financiamiento del “Fondo Canadá para Iniciativas Locales” (FCIL).
Conoce más acerca del proyecto aquí: (liga a la entrada del proyecto completo) incluyendo el primer reporte “Centros de Paz y Diálogo: un modelo de justicia alternativa y comunitaria en el Estado de México” el cual documenta cómo funcionan y para qué sirven estos centros comunitarios de mediación (con hipervínculo a la otra entrada).
