La Fiscalía Especializada reduce tiempos de determinación de 120 a 50 días y prioriza la investigación técnica de delitos cometidos por servidores públicos y tortura, gracias al seguimiento de su plan de persecución penal.
El diálogo técnico y la fiscalización social son pilares indispensables para transformar la procuración de justicia y combatir la impunidad estructural. El 18 de agosto de 2026, Cancún fue sede de la primera sesión del Mecanismo de Interlocución y Rendición de Cuentas, un ejercicio formal entre el Consejo Ciudadano de Seguimiento, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el World Justice Project (WJP) en su calidad de Secretaría Técnica.
Este primer encuentro analizó de manera cuantitativa y cualitativa la ejecución del Plan de Persecución Penal (PPP) —publicado en diciembre de 2025 e implementado desde enero de 2026—, enfocado primordialmente en las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y de Tortura.
El Plan de Persecución Penal
El establecimiento e implementación de este canal de interlocución requirió la articulación de marcos normativos internos, lineamientos de gobernanza para el Consejo Ciudadano y compromisos estrictos de publicidad procesal.
Bajo este esquema, la Fiscalía Especializada adoptó criterios formales para la priorización y gestión de casos, concentrando recursos técnicos y operativos, por ejemplo:
- Investigaciones por tortura sexual
- Casos con recomendaciones de organismos de derechos humanos.
- Casos con víctimas en situación de vulnerabilidad jurídica o social
Además, implementó medidas para fortalecer la articulación interinstitucional y optimizar las investigaciones penales, mediante conversatorios entre jueces y agentes del Ministerio Público y Visitas de inspección directa a centros penitenciarios del estado.
Impacto en la investigación
Durante la sesión, la Fiscalía Especializada presentó datos sobre la eficiencia operativa y el desahogo de carpetas de investigación entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026.
Tiempos de determinación y estándar probatorio
El tiempo promedio para emitir una determinación en sede ministerial pasó de aproximadamente 120 a 50 días. Paralelamente, la investigación penal transitó hacia el uso preponderante de evidencia técnica y científica, priorizando:
- Dictámenes periciales médicos y psicológicos especializados.
- Habilitación de espacios carcelarios para la aplicación rigurosa del Protocolo de Estambul.
- Registros tecnológicos, análisis documental y trazabilidad de evidencia.
Coordinación con el Poder Judicial
Como resultado del diálogo sostenido entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo, la remisión de vistas acompañadas de copias íntegras de las carpetas de investigación registró un incremento sustancial, pasando de un 18% al 100%. No obstante, la entrega de registros en audio y video de las audiencias judiciales permanece como un reto institucional, situándose en un 25% de cumplimiento.
Radiografía de la tubería procesal (Enero – Julio 2026)
El análisis del flujo de causas penales permitió auditar los filtros y salidas tempranas del sistema acusatorio:
| Etapa Procesal | Total de Casos |
|---|---|
| Denuncias recibidas | 185 |
| Investigaciones iniciadas | 61 |
| Determinaciones de no ejercicio de la acción penal | 28 |
| Asuntos judicializados | 9 |
| Vinculaciones a proceso obtenidas | 4 |
Compromisos y agenda de seguimiento prioritario
A partir del mapeo de los cuellos de botella procesales, las partes delinearon compromisos inmediatos:
- Revisión a profundidad de un caso emblemático de tortura y supervisión focalizada de 15 carpetas de alta prioridad.
- Integración de analítica e inteligencia artificial en la investigación criminal.
- Implementación de las Salas de Mando para el análisis de casos.
- Formalización de actas de supervisión ministerial y fortalecimiento de protocolos para la preservación de indicios.
- Mejora continua en las rutas de atención integral a víctimas directas e indirectas.
La continuidad del Mecanismo de Interlocución consolida un modelo de justicia abierta basado en datos verificables, orientado a neutralizar las fallas estructurales en la sanción de violaciones graves a derechos humanos en la entidad.
