Una de las tareas inconclusas por parte del sistema de justicia en México es la atención y disminución de las violaciones graves a derechos humanos, tales como las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Tan sólo en 2021 se documentó, a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que 80.3% de las personas detenidas sufrieron algún tipo de tortura durante su detención, estancia en el Ministerio Público o en el centro penitenciario al que fueron ingresadas (INEGI, 2021).
Con la finalidad de reducir la impunidad, mejorar la investigación y sanción de estas violaciones graves a derechos humanos, así como de fortalecer a la sociedad civil que acompaña a víctimas directas e indirectas, en 2024 World Justice Project inició una colaboración con Documenta A. C., bajo el proyecto “Reducir las detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales en México”, un proyecto financiado por la Unión Europea.
Para lograr avances significativos, el WJP se enfocó en cocrear una política pública (materializada en Planes especializados de Persecución Penal o PPP) en los estados de Quintana Roo y Oaxaca. Esta política está orientada en integrar estrategias concretas para optimizar recursos y procesos, y ofrecer resultados en la investigación y persecución penal de estas violaciones graves. La implementación de los Planes incorpora un mecanismo ciudadano de monitoreo y acompañamiento enfocado en promover la transparencia y rendición de cuentas, a través de un Consejo Ciudadano de Seguimiento que articula a las organizaciones en cada uno de los estados.
Para esto, realizamos un ejercicio de exploración con los distintos actores interesados en estos delitos, logramos identificar retos particulares en cada estado y establecimos estrategias de trabajo y diálogo para incorporar diferentes perspectivas, con la finalidad de mejorar su investigación y sanción. A la par, implementamos una metodología con enfoque restaurativo para generar las condiciones que habiliten la interlocución colaborativa y la rendición de cuentas entre la sociedad civil y la Fiscalía. A continuación, se explican los avances e hitos de este proyecto en cada una de las entidades federativas.
QUINTANA ROO
Después de distintas conversaciones con integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo y sociedad civil (integrantes de organizaciones, activistas, víctimas de tortura, entre otros), logramos identificar las necesidades más acuciantes de atender para la investigación y sanción de las violaciones graves a derechos humanos antes mencionadas. Estas necesidades se verán reflejadas próximamente en la publicación del Plan especializado de Persecución Penal (PPP), documento que permitirá coordinar eficazmente las investigaciones, ampliar la colaboración interinstitucional entre la Fiscalía, el Poder Judicial y los centros penitenciarios, y crear un canal de interlocución con sociedad civil.
Para lo anterior, sostuvimos diversas conversaciones con integrantes de la sociedad civil de Quintana Roo, las cuales permitieron retroalimentar y enriquecer el PPP a partir de su conocimiento, trayectoria y experiencias. Asimismo, dado que los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas son una pieza fundamental para la implementación del Plan, se instaló recientemente el Consejo de Seguimiento Ciudadano de Quintana Roo en la Casa de la Cultura Jurídica. Su función principal será contribuir a la mejora de la investigación, sanción y prevención de violaciones a derechos humanos en tortura y ejecución extrajudicial desde una perspectiva de derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento institucional de la Fiscalía a través de su participación y promoción de mayor transparencia, rendición de cuentas y atención más integral a las víctimas.
El Plan de Persecución Penal (PPP) del Estado de Quintana Roo constituye una herramienta estratégica que orienta la investigación y persecución de delitos, y en este caso incorpora líneas específicas para abordar graves violaciones a los derechos humanos. Su publicación marcará un punto de partida institucional para coordinar de manera más eficaz las investigaciones y generar mecanismos sostenidos de interlocución con la sociedad civil.
OAXACA
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se encuentra en revisiones finales del Plan de Persecución Penal de su estado, prestando especial atención a las violaciones asociadas a las detenciones arbitrarias, así como a los delitos de tortura y de ejecución extrajudicial, dado que su código penal ya los tipifica. En particular, la incorporación del delito de ejecución extrajudicial en la normativa penal representa un avance y referente a nivel nacional y que, en términos operativos, debe facilitar la atención e investigación.
Asimismo, en meses pasados facilitamos la conversación entre la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) para definir criterios claros en la recepción de denuncias de tortura. A través de una sesión plenaria y cuatro mesas de trabajo, se logró un diálogo colaborativo y enriquecido por las perspectivas de las personas participantes. Además, se identificaron los principales retos tales como: la tramitación de estos casos en el Ministerio Público (MP) y todo lo referente a las vistas judiciales, el procesamiento de estos casos en el juzgado, donde se necesita de asistencia técnica para analizar las alegaciones de tortura de manera veloz, la diversidad de criterios en la valoración de pruebas, y la tramitación para investigar la tortura en los centros penitenciarios, entre otros desafíos más.
Este conversatorio contó con la participación de once integrantes de la Fiscalía General incluyendo a vicefiscales generales, fiscales especializadas, agentes del MP y al Director de Servicios Periciales. A su vez, contó con 13 integrantes del PJEO incluyendo a magistradas(os) y juezas, al Director de Servicios Periciales y a la Directora de Derechos Humanos.
El conversatorio fue un ejercicio muy enriquecedor pues permitió sensibilizar a los distintos operadores acerca de los retos y de las necesidades que enfrentan al tramitar casos de tortura. Además, a partir del conversatorio, desde WJP estamos trabajando con la Fiscalía y el PJEO para concretar y formalizar el compromiso institucional por parte de juezas y jueces en el envío de vistas judiciales completas, a partir de información señalada como necesaria por la Fiscalía.
Asimismo, el conversatorio detonó otros trabajos como el desarrollo de programas de capacitación por parte de Documenta A.C. para homologar criterios entorno a la investigación, persecución y sanción de la tortura.
JURE
Para complementar el mecanismo de rendición de cuentas que conforma cada Consejo de Seguimiento, se encuentra en elaboración la plataforma digital Justicia y Rendición de Cuentas (JURE), la cual permitirá habilitar un mecanismo ciudadano de interlocución y rendición de cuentas entre la Fiscalía General y la sociedad civil en general. Esta plataforma permitirá transparentar los avances en la implementación de los Planes especializados de Persecución Penal y el funcionamiento del propio mecanismo.
Finalmente, cada Consejo de Seguimiento se regirá mediante reglas de operación específicas que les brindarán estructura a su funcionamiento y les permitirá dar puntual seguimiento a los avances que se publiquen en esta plataforma que presenta estrategias y acciones concretas para investigar y disminuir la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
