¿Qué es la ENPOL?
El INEGI realizó en 2016 la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL). El objetivo fue generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.
En otras palabras, la ENPOL recopila una diversidad de datos sobre la experiencia de las personas privadas de la libertad, durante todo el proceso penal: desde la detención, hasta la vida en el centro penitenciario.
ENPOL 2016 tiene una muestra de 64 mil 150 personas privadas de la libertad de una población total de 214 mil 730 individuos que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad[1], se encuentran en centros penitenciarios del país. Además, tiene un esquema probabilístico y estratificado. Esto quiere decir, por un lado, que todas las personas que forman la población encuestada tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas para responder el cuestionario, lo que reduce sesgos. Por el otro, el muestreo estratificado permitió obtener información representativa de los subgrupos o estratos que componen a la población encuestada, en este caso, de las 32 entidades federativas.
¿Para qué ha sido importante para WJP?
ENPOL 2016 es representativa a nivel nacional y por entidad, lo que ha permitido que World Justice Project (WJP) realice diversos análisis. ENPOL recopila una diversidad de datos sobre la experiencia de las personas privadas de libertad durante todo el proceso penal desde la detención hasta la vida en el centro penitenciario. EN WJP hemos realizado diversos análisis que intentan capturar diferentes perspectivas y los cuales se han traducido en reportes, publicaciones, videos, tableros dinámicos, etc.
Diagnóstico sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal
A partir de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, México incluyó en su sistema jurídico un Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Esto representó una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia penal en nuestro país, a través de un procedimiento acusatorio y oral, más transparente, dinámico y garantista.
A partir de datos provenientes de ENPOL hemos producido distintos análisis que permiten ver los avances o retos que enfrenta el NSJP en la actualidad tanto a nivel federal como local.
En el reporte de “La nueva justicia penal en México: Avances palpables y retos persistentes”, el World Justice Project y Abogados con Cámara, A.C. realizaron un análisis estadístico que explica que, como resultado de la implementación del NSJP, las sentencias son más claras, los jueces están presentes y ponen atención en las audiencias, y las audiencias son grabadas en audio y/o video. Además, los procesos judiciales son más rápidos.
De la misma forma, la serie de publicaciones “Dato para Llevar” sobre la Nueva Justicia Penal en México pone la mirada en los indicadores que mejor dan cuenta de esta transformación gradual. Además, muestra los retos que persisten en el sistema dadas las reformas pendientes en otros eslabones del sistema de justicia: policías y fiscalías.
En “Memoria estadística de la transición entre dos Méxicos: Logros y retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, el equipo del World Justice Project busca contribuir a la mayor comprensión ―mediante estadística descriptiva― de algunos de los efectos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, desde la experiencia de las personas privadas de la libertad. Esta colección está compuesta de 32 tomos: uno que reúne los hallazgos a nivel nacional y 31 para cada entidad federativa, con excepción de Tamaulipas. Cada uno de los documentos cuenta con información relacionada con las etapas de detención, estancia en el Ministerio Público y el proceso judicial, dividida en 27 subtemas.
Asimismo, el tablero dinámico “Impactos de la Reforma de Justicia Penal” permite analizar los datos de impacto del NSJP utilizando los microdatos de la ENPOL y las fechas de implementación de la reforma a nivel municipal. La visualización permite ver de 5 maneras diferentes la información de manera que sea más fácil compararla entre estados y el nivel nacional; cambios antes y después; y avances en el tiempo por grupos de implementación. Estos grupos de implementación se dividen en dos. El primero es el grupo de primeros implementadores, aquellos que iniciaron la implementación del Sistema Acusatorio Penal antes de 2012, el resto de los estados lo hicieron después, varios de ellos acabando pocos meses antes de que se cumpliera el plazo límite de junio de 2016.
El informe “Cuánta Tortura: Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano. 2006-2016.” analiza evidencia cuantitativa sobre los casos de miles de personas que son víctimas de tortura o maltrato en México, al ser acusadas y procesadas en los sistemas de justicia penales (estatales y federal) y que la ENPOL permite cuantificar. Asimismo, muestra evidencia cualitativa sistematizada de entrevistas a profundidad con distintos actores procesales. El objetivo de este análisis es ilustrar, a partir de datos cuantitativos, la extensión de la prevalencia de tortura o maltrato en las distintas etapas del proceso de arresto o detención, investigación penal, acusación y ejecución de sanciones. La investigación cualitativa aporta elementos analíticos adicionales para confrontar las hipótesis de esta investigación.
Además de estos dos temas torales -los efectos del NSJP y la medición de tortura, en WJP hemos producido recomendaciones de política pública, así como material audiovisual que refleja los hallazgos encontrados a partir del análisis metódico y cuantitativo de la ENPOL.
¿Cómo surge la ENPOL?
En el marco del trabajo legislativo que derivó en la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016, organizaciones de la sociedad civil – inspiradas por el trabajo que años antes había iniciado el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) respecto de levantar encuestas a población privada de la libertad–, presentaron una iniciativa para regular, desde esa Ley, una obligación a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.
En específico, el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que:
“…la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento de internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha encuesta conforme a su presupuesto. Así mismo, los centros penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad“.
Para cumplir con ese mandato, el Congreso otorgó al INEGI para su ejercicio fiscal 2016, los recursos destinados a la realización de la encuesta. Como resultado, para el levantamiento de la ENPOL, se encuestó a personas privadas de la libertad de 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país.
[1] Cifra correspondiente a septiembre de 2016.
